DENUNCIAS PENALES Y DEUDAS EN EL STSPE
Por: Agustín Escobar Ledesma.
Las dirigencias del Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado (STSPE) han puesto en riesgo el patrimonio de su propio sindicato, que corre el riesgo de ser embargado, en una situación ocasionada por diversas deudas, producto de administraciones ineficaces y, probablemente, manejos fraudulentos de los dos últimos comités, encabezados por Rafael Roa Guerrero (2016-2019) y María Carmen Mancha Prado (2013-2016).
De acuerdo a diversos documentos consultados por este reportero, el STSPE mantiene deudas con R Capitalis Group, Grupo Chamalli, el impuesto predial y también se adeuda a los propios sindicalistas el pago del Ahorro Solidario Mutual.
Cuando María Carmen Mancha Prado estuvo al frente de la secretaria general del STSPE, firmó un convenio con la financiera R Capitalis Group, para que los agremiados del sindicato obtuvieran créditos a tasas preferenciales y el préstamo les fuera descontado vía nómina.
Sin embargo, al paso de los años, aunque los sindicalizados realizaron los pagos correspondientes, continúan endeudados debido a que, al parecer, la administración de Mancha Prado no hizo los depósitos a la sociedad financiera, cuando en la secretaría de hacienda sindical estuvo Aidé Camargo Reyes.
Debido a esta situación R Capitalis Group ya embargó a algunos de los sindicalistas, quienes, a pesar de haber mostrado sus recibos de nómina con el descuento, perdieron su patrimonio familiar.
En la actualidad, 121 sindicalizados activos y jubilados continúan endeudados con R Capitalis Group, por un monto mayor a los seis millones de pesos y la financiera solicitó el embargo del salón de fiestas y eventos del sindicato, situado en Colinas del Cimatario
En 2015 María Carmen Mancha Prado contrató los servicios del Grupo Chamalli para el festejo del aniversario del sindicato por un monto de un millón ochocientos cincuenta mil pesos, así como la cena, baile y posada de fin de año, por la cantidad de un millón quinientos cincuenta mil pesos.
En este caso, la administración de Mancha Prado tampoco realizó los pagos correspondientes, por lo que los empresarios del Grupo Chamalli demandaron al Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y se estaría embargando el centro recreativo, ubicado en la colonia Desarrollo San Pablo de la ciudad de Querétaro, cuya extensión es de una cuadra y cuenta con estacionamiento, alberca, salón de eventos, cancha de basquetbol, oficinas y salones.
Por otra parte, también se adeudan pagos del impuesto predial de las diferentes propiedades del sindicato por un monto aproximado de novecientos cuarenta mil pesos.
En resumen, las deudas con Capitalis, Chamalli y el predial pueden provocar que el sindicato pierda algunas de sus propiedades y le sean congeladas sus cuentas, con la consiguiente afectación a los trabajadores en el pago de los ahorros en noviembre, los préstamos emergentes y anuales.
El ahorro solidario mutual es un concepto de los agremiados del STSPE diseñado para auxiliar a los trabajadores en caso de jubilación, pensión, despido o defunción; el sindicato descuenta un día de trabajo a cada una de los 6 mil cuarenta y siete personas sindicalizadas y el monto recabado se entrega, en su caso, a la persona jubilada, pensionada, despedida o a los familiares de la persona fallecida.
Sin embargo, con el paso de los años, el sindicato demoró en entregar los recursos recabados para este fin, por lo que se acumularon las deudas a los familiares de los sindicalizados jubilados, pensionados, despedidos o fallecidos. Razón por la cual, quienes no recibieron esta prestación, demandaron a su propio sindicato para obtener los recursos que les corresponden y es por eso que actualmente el sindicato enfrenta demandas por cantidades que van de 200 mil a 260 mil pesos.
Debido a la contingencia sanitaria causada por la pandemia del coronavirus sars-cov-2, el sindicato tuvo que suspender las festividades programadas para este año, a las que el Poder Ejecutivo del Estado asignó un millón ochocientos setenta mil pesos destinados para las festividades con los siguientes montos: quinientos mil pesos para 2 mil 400 mamás del Día de las Madres; ciento setenta mil pesos para mil veintidós papás del Día del Padre y un millón doscientos mil pesos del aniversario del Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado.
Debido a la cancelación y, como el dinero no puede ser reintegrado a las arcas del gobierno del estado, se analiza si los montos de los eventos cancelados serán entregados en regalos o despensas a cada agremiado.
Respecto a la fiesta del Día del Niño y de la Niña no fue cancelada sino pospuesta debido a que se adelantó el pago en febrero por la cantidad de ciento noventa y cinco mil pesos.
Otra situación irregular, por lo menos así lo ha señalado el propio Rafael Roa Guerrero, es la falta de transparencia en el manejo de la guardería del sindicato, ubicada en un edificio de la colonia Presidentes que, constituida como asociación civil, quedó bajo la administración de María Jovita Reyes Reséndiz, secretaria de acción social en el periodo 2013-2016 y fue arrendada en 2015 a la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Querétaro, Canaco, en cincuenta y seis mil quinientos pesos mensuales.
Las irregularidades, las demandas, las deudas y los posibles malos manejos de los recursos financieros del sindicato, estuvieron enmarcadas por la elección para renovar el Comité Ejecutivo Sindical en agosto de 2019, cuando la Planilla Negra, encabezada por Aidé Camargo Reyes, ganó por una diferencia de seis votos, sin embargo, el Comité Electoral, al parecer siguiendo indicaciones de Roa Guerrero, no avaló el proceso y la Junta de Conciliación y Arbitraje no otorgó la toma de nota a la ganadora.
Ante esta situación en el sindicato, el Comité de Vigilancia, integrado por Alejandro Medina presidente, Jared Sánchez, secretario y Víctor Hernández, también secretario, tomó las riendas de la dirección del STEPE.
Otro aspecto que también afectó las finanzas del STPE ocurrió el 19 de julio de 2019, cuando un comando armado robó la nómina sindical; el botín fue calculado en seis millones y medio de pesos y sucedió justo quince días antes de la elección para renovar la dirigencia sindical, encabezada por Rafael Roa Guerrero, situación que provocó temor entre los agremiados del sindicato el día de la elección.
Ante este panorama, algunos agremiados han planteado a los integrantes del comité de vigilancia en funciones de dirección, la venta de las propiedades del sindicato que no se están utilizando para liquidar las deudas y también han propuesto que realicen las denuncias penales correspondientes para que, quienes resulten responsables, respondan ante las autoridades, además de la consiguiente expulsión, tal como lo establece el Artículo 96 de los estatutos del Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado.
SIC mx
