El 95.4% de las unidades económicas del país son micro empresas, de ellas sólo el 31.1% son formales.
Por: Andrés Peñaloza Méndez.
De acuerdo a los datos del Censo Económico 2024, existían cinco millones 468 mil 180 unidades económicas existentes en el país (2023) donde se empleaban 27 millones 965 mil 433 personas.
El 95.4% de esas unidades económicas, era microempresas (conformadas de una a diez personas), con el 41% de la ocupación total. Al interior de las microempresas, 67% (3 millones 515 mil 926 de unidades económicas) están en la informalidad al igual que sus 5 millones 973 mil 027 personas ocupadas; esto es, el 52% del total empleado en este segmento.
En las pequeñas, medianas y grandes se ocupan 16 millones 389 mil 812; la mitad concentrada en las grandes y el resto distribuidas equitativamente entre las pequeñas y medianas Le siguen las 204 mil 814 pequeñas empresas, de 11 hasta 50 personas; 3.75% del total y con 4 millones 219 mil personas ocupadas.
Las medianas y grandes empresas representan, el 0.72% y 0.18% del total de las unidades económicas; en ellas se ocupan, respectivamente, 4 millones 144 mil y poco más de ocho millones de personas. (ver cuadro 1).
Parte del fracasado modelo económico vigente, apalancado con pilares neoliberales, como la autonomía del Banco de México, la liberalización financiera y comercial, sistema fiscal regresivo y privilegios monopólicos a las grandes empresas y al capital extranjero, entre otros, es la ausencia de una política industrial, tecnológica, cooperativa, comunitaria y sustentable dirigida al segmento de las microempresas, ámbito condenado a la precarización y amortiguador de contradicciones y refugio económico de millones de familias.
El mal llamado Plan México, comandado por los grupos oligárquicos y monopolistas, beneficiados por los casi 45 años de neoliberalismo, en su discurrir tibio, duro y suave, presagia la profundización de la dependencia estructural con el norte imperialista, el crecimiento mediocre e inestable y la continuidad del despojo territorial, la sobreexplotación de la fuerza de trabajo y la devastación de ecosistemas vitales para el buen vivir.
La exclusión de la población trabajadora en la planeación y en la toma de decisiones de políticas económicas marca un déficit democrático, imprescindible para recuperar la soberanía nacional y popular.
Desalentar y cooptar la organización obrera
La forma tradicional de medir la tasa de sindicalización en el país es la proporcionada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) a través de Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), al identificar en el universo de personas trabajadoras subordinadas y remuneradas las que pertenecen a alguna organización sindical.
Con datos al primer trimestre de 2025, 5 millones 324 mil 599 personas trabajadoras estaban sindicalizadas, una tasa del 13%.
Con todo y las promesas gubernamentales y patronales para fomentar la libertad y la democracia sindical, la tasa de sindicalización sólo se incrementó un punto porcentual.
Hace veinte años, la tasa de sindicalización era del 17%, porcentaje distante al registrado en los años de la llamada primavera laboral derivado de la reforma a la Ley Federal del Trabajo de 2019.
De haberse alcanzado, al menos, la tasa registrada en 2005, año de aplicación del Cuestionario de Ocupación y Empleo -COE- donde se presenta la información de las personas trabajadoras subordinadas y remuneradas este o no sindicalizado), un millón 646 mil 248 personas trabajadoras adicionales deberían estar sindicalizadas.
Además de la baja tasa de sindicalización, pues la inmensa masa trabajadora, esto es 34 millones 779 mil personas no están sindicalizadas; los que sí lo están ignoran estar agremiada y/o su participación sindical es nula o escasa. Detrás de esta situación, está el deliberado e interesado fomento y cobijo de la elite política y económica al sindicalismo blanco patronal, al charrismo tradicional y a sus desprendimientos, así como al neo charrismo incubado desde el salinismo.
La sindicalización expresada en negociaciones contractuales
Otra manera de aproximarse a la participación sindical es identificar las personas trabajadoras involucradas en negociaciones contractuales y salariales tanto en la jurisdicción federal como local y compararla con la población ocupada y con el segmento de personas trabajadoras asalariadas.
En el cuadro 2 se aprecian datos correspondientes al cierre de 2024 mismos que reflejan una tasa mucho menor a la tradicional tasa de sindicalización.
A reserva de dedicarle un análisis particular a los recientes resultados de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2024 y el próximo reporte del INEGI sobre la Pobreza en México para el próximo 13 de agosto, adelanto que la significativa reducción, alrededor de diez millones de personas, de las líneas de medición de la pobreza, tiene en la política de recuperación del poder adquisitivo del salario mínimo y el resquebrajamiento de los topes a los salarios contractuales, a partir de las luchas proletarias, la causa principal auxiliada desde luego, por las trasferencias a través de los programas sociales.
En consecuencia, las acciones para alcanzar este sexenio un salario mínimo constitucional será estratégico para revertir el empobrecimiento aun dolorosamente presente en el 32% de la población.
SIC mx
