Informalidad laboral, posible abatirla.
Por: Andrés Peñaloza Méndez.
En México, 33 millones de personas trabajadoras están en la informalidad laboral; es decir, el 54.8 % de la población ocupada[1], hecho escandaloso; expresión de la precariedad laboral en el modelo de continuidad neoliberal edulcorado.
Los propagandistas de la elite gobernante y empresarial minimizan esta situación. En contraste, con proeza, festinan que somos el país, junto con Japón, con menos personas sin trabajo. Por semanas, año tras año, el oficialismo presume un comparativo con 16 naciones, para “documentar” este “éxito”.
Con artificios de mala fe, omiten señalar que, salvo nuestro país, en el resto de las naciones incluidos en la gráfica, se cuenta con seguros de desempleo obligatorios. Pero, sobre todo, que sus salarios son superiores y la informalidad es mucho menor a la nuestra; por lo que la clase trabajadora, no se ve obligada a conseguir trabajo de inmediato, por vivir al día, como ocurre en México.[2]
En un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE),[3] Mathias Cormann, su secretario general señalaba:
La informalidad laboral y la fragmentación de los sistemas de protección social representan uno de los principales desafíos para América Latina. El 48% de los trabajadores se encuentra en empleo informal en los cuatro países latinoamericanos miembros de la OCDE (Chile, Colombia, Costa Rica y México) y en los tres países latinoamericanos candidatos a adhesión (Argentina, Brasil y Perú). En un conjunto más amplio de 27 países de América Latina y el Caribe, esta proporción alcanza el 55%. La informalidad mantiene a los trabajadores en actividades de baja productividad, con escasa protección social y derechos laborales, y restringe su acceso a la capacitación. Impulsar políticas que promuevan la creación de empleos formales puede fortalecer el crecimiento económico y la igualdad de oportunidades en la región, mejorando significativamente la vida y el bienestar de las personas.
Y subrayaba las recomendaciones derivadas del estudio:
Con la combinación adecuada de reformas en materia de seguridad social, gasto público, impuestos e incentivos a la formalización empresarial, los países pueden reducir la informalidad laboral, fortalecer el desarrollo de competencias, aumentar la productividad de los trabajadores y preservar la sostenibilidad fiscal. Las estimaciones indican que la ampliación de la protección social recomendada en este libro implicaría costos fiscales de entre 1% y 4% del PIB, según el país. Garantizar la sostenibilidad fiscal exigirá optimizar el gasto público, con las ineficiencias en los siete países latinoamericanos analizados estimadas en 4.2% del PIB, y movilizar ingresos adicionales, que promedian 24% del PIB frente a 34% del PIB en los países de la OCDE.
Las recomendaciones de la OCDE, se inscriben en las demandas proletarias, tendientes a abatir la informalidad, lastre para un desarrollo productivo y sustentable y la creación de empleos formales decentes, desoídas por la elite política y económica gobernante, subordinada al imperialismo.
La exigencia por una reforma fiscal progresista que, grave más a los que mayor riqueza e ingreso tengan; reduzcan impuestos indirectos, grave herencias y actividades especulativas; evite la elusión y evasión fiscal, entre otras medidas dirigidas a ampliar los ingresos y el gasto público, el cual debe ser reorientado a inversiones productivas y comunitarias; así como, al fortalecimiento de la seguridad social (revirtiendo su privatización y creando un único y público sistema, de alcance nacional, solidario y universal de salud y de pensiones).
Un programa nacional de empleo formal, productivo, socialmente útil y sustentable, apoyado con financiación asequible, estímulos fiscales para el sector productivo, social y solidario y para la innovación y desarrollo tecnológico propio, entre otras medidas, permitirá abatir de manera firme, la precariedad laboral.
Son diversas las expresiones de la informalidad —trabajadores por cuenta propia, comerciantes ambulantes, trabajadoras del hogar, jornaleros agrícolas, y fuerza de trabajo en micro y pequeñas empresas, pero también en segmentos de la llamada economía formal que, mantienen islotes con personal carentes de contrato, ingresos estables o acceso a la protección social. En el caso de la informalidad laboral, el INEGI, cuantifica, sin duplicar, a quienes son vulnerables por la naturaleza de la unidad económica, las personas cuyo vínculo no reconoce su fuente de trabajo y a la población que trabaja en micronegocios no registrados o sector informal— otras modalidades análogas, como las y los ocupados por cuenta propia en la agricultura de subsistencia, así como a quienes laboran sin seguridad social y cuyos servicios los utilizan las unidades económicas registradas.
En materia de empleo las organizaciones proletarias deben plantearse mínimamente luchar por un i) Plan Nacional de Empleo Decente; ii) Formalización del empleo informal privilegiando la economía social y solidaria y iii) Creación del Seguro Nacional de Desempleo
SICmx
[1] Datos a febrero de 2026. La de ocupación en el sector informal, es otra medición: 17.9 millones de personas y significó 29.7 % de la población ocupada; ésta sólo considera a las personas que trabajan para unidades económicas no agropecuarias que operan sin registros contables y que funcionan a partir de los recursos del hogar, o de la persona que encabeza la actividad sin que se constituya como empresa. La actividad en cuestión no tiene una situación identificable e independiente de ese hogar o de la persona que la dirige y, suele concretarse en una escala de operación muy pequeña.
[2] Australia, si bien no tiene seguro obligatorio, ofrece pagos para aquellos que sufren desempleo. Además, la informalidad es relativamente baja pues se dispone de una figura de contrato casual (casual loading) para las personas trabajadoras que no disponen de horas garantizadas ni licencias pagadas, pero reciben un 25% más de salario por hora. El salario mínimo es de 24.95 dólares australianos por hora, equivalentes a $306.38 pesos mexicanos (es decir, en una hora de trabajo ganan prácticamente el salario mínimo en nuestro país: $315.04). La jornada laboral máxima en el país de los canguros es de 38 horas, diez horas menos que aquí.
[3]Consulta: https://www.fwc.gov.au/work-conditions/minimum-wages-and-conditions/national-minimum-wage#:~:text=The%20national%20minimum%20wage%20sets,who%20are%20award%2Fagreement%20free.
