DIPUTADOS Y OBRA PÚBLICA
Por: Agustín Escobar Ledesma.
El gobierno de Francisco Domínguez Servién destinó 4 millones de pesos anuales a cada uno de los 25 legisladores locales, durante los tres años que permanecieron en la LIX Legislatura de Querétaro, lo que nos da una sumatoria anual de 100 millones de pesos y, un total global de 300 millones, de 2018 a 2021.
Si bien los integrantes del Poder Legislativo son electos única y exclusivamente para crear leyes y aprobar el presupuesto del Estado, los integrantes de la LIX Legislatura de Querétaro, también contaron con recursos financieros para la ejecución de obra pública, con recursos que, al parecer, de manera discrecional, les otorgó el Poder Ejecutivo del Estado.
Los trámites
La gestión de la obtención de los 4 millones de pesos fue la siguiente: En enero de cada año, los coordinadores de bancada de los partidos representados en el Congreso, fueron los encargados de recabar las solicitudes de los diputados o bien, como los mismos coordinadores de bancada señalaban “si gustan, directamente con el diputado Michel Torres”.
Oficialmente, los diputados dirigieron las solicitudes de ejecución de obra al Secretario de Planeación y Finanzas de Gobierno del Estado de Querétaro (en 2019 y 2020 a Juan Manuel Alcocer Gamba y, en 2021 a Javier Marra Olea) en donde plantearon la propuesta del tipo de obra a ejecutarse, en qué lugar y municipio por un monto de 4 millones de pesos.
Después, una vez que Miguel Ángel Torres Olguín, coordinador del grupo legislativo del Partido Acción Nacional y presidente de la junta de coordinación política de la Legislatura, tenía en sus manos todos los oficios era el encargado de enviarlos a la Secretaria de Planeación y Finanzas de Gobierno del Estado de Querétaro.
Por supuesto que los diputados pudieron ejercer a su entera discreción la aplicación de los 4 millones de pesos y decidir en qué lugar requerían la ejecución de la obra.
El silencio
Una semana antes que los 25 diputados dejaran al cargo en la LIX Legislatura, vía las plataformas de Messenger y WhatsApp, este reportero les preguntó en qué obra pública aplicaron los 4 millones de pesos durante los tres años en los que fueron legisladores.
Sin embargo, después de ocho días de haberles formulado la pregunta, el silencio fue la respuesta de los siguientes integrantes: Jorge Herrera, del Verde Ecologista; Elsa Méndez, independiente; Ricardo Caballero, de Encuentro Social; María Concepción Herrera, de Querétaro Independiente; Hugo Cabrera, Abigail Arredondo, María Guadalupe Cárdenas y Karina Careaga, del Partido Revolucionario Institucional (PRI); José González, Verónica Hernández, Beatriz Marmolejo, Tania Palacios, Leticia Rubio, Daniela Salgado, Miguel Ángel Torres, Antonio Zapata, Agustín Dorantes y Roberto Cabrera, del Partido Acción Nacional (PAN); Raúl Chávez Nieto, Mauricio Ruiz Olaes y Fabiola Larrondo Montes, del partido morena.
Testimonios
De los 25 diputados, únicamente 3 respondieron a la pregunta planteada, todos del partido morena, Laura Polo Herrera, Paloma Arce Islas y Néstor Domínguez Luna.
Laura Polo reconoció haber recibido los 4 millones anuales durante los tres años “Sí los recibí y los entregué directamente a nuestra Única Presidenta Municipal: La de Ezequiel Montes [Elvia Montes Trejo], pero no me dan una partida específica en la Legislatura. Tengo los oficios de envío porque todo se hace por escrito, nunca recibimos físicamente ese dinero”.
Por su parte, Paloma Arce señaló que, de los tres años, únicamente solicitó los 4 millones de pesos en una sola ocasión “solo se aplicó “una vez” en los 3 años, y la Secretaria de obras públicas decide con base en las propuestas que enviamos, yo envié propuestas para obras en Ezequiel Montes y te reitero ese recurso nunca pasa por las manos de los legisladores”.
En el caso de Néstor Domínguez Luna, mencionó que él, durante los tres años, no solicitó los 4 millones de pesos para la ejecución de obra pública, porque se dio cuenta que era un mecanismo de corrupción y subordinación política ante el Poder Ejecutivo.
En enero de 2018, cuando a Domínguez Luna le plantearon solicitar el recurso, al mismo tiempo se le acercó un contratista de obra que, palabras más, palabras menos, le dijo que él se encargaría, no sólo de la ejecución de la obra, sino de la comprobación y facturación de los 4 millones de pesos, de los cuales, le entregaría 500 mil pesos, “libres de polvo y paja” y, para acabar de convencerlo, le enfatizó que “no lo viera como corrupción, sino como dinero para promocionar su imagen política para futuros cargos de elección popular”.
Haz obra, que algo sobra
Un ejemplo de cómo fueron aplicados los recursos de la obra pública a cargo de los legisladores, en el caso de los diputados de morena, fue la rehabilitación del auditorio “Prócoro Montes”, del municipio de Ezequiel Montes, inaugurada el 20 de enero de 2020. De esto da fe la placa conmemorativa empotrada en la entrada principal del auditorio en la que figuran los nombres de Mauricio Ruiz Olaes, Fabiola Larrondo Montes y Laura Polo Herrera.
En este contexto, llama la atención que el diputado Mauricio Ruiz Olaes, haya difundido en su perfil de Facebook la entrega de un cheque, fechado el 3 de diciembre de 2019, por la cantidad de 150 mil pesos, a la Facultad de Contaduría y Administración, de la UAQ, Facultad de la que hacía pasar como egresado.
Mecanismo de control
De acuerdo al sentido de los votos de los 25 integrantes de la LIX Legislatura, a lo largo de los tres años, el PAN prácticamente no tuvo oposición porque los diputados del PRI, Verde Ecologista, Encuentro Social y la independiente Elsa Méndez, se sumaron incondicionalmente a sus propuestas.
Incluso, en las iniciativas de ley más polémicas, el caso de la antipopular llamada Ley Garrote, enviadas por el gobernador Domínguez, también fueron aprobadas con los votos de algunos de los integrantes de la bancada de morena, además de votar a favor la nominación del exconvicto, Juan Pablo Rangel, como magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa de Querétaro.
Fue evidente que la bancada de morena se dividió desde el inicio de la LIX Legislatura, en el momento en el que sus integrantes discutieron la aceptación o no, de los 4 millones de pesos anuales para obra pública que el gobernador Domínguez puso a su disposición, porque los colocaba en una situación de dependencia del Ejecutivo Federal, porque, era evidente que, el que paga manda.
Quienes se opusieron, el caso de Néstor Domínguez y Raúl Chávez completamente y Paloma Arce, de manera parcial, mencionaron el artículo segundo, inciso d, de los estatutos de morena, que señala que sus objetivos son “La búsqueda de la erradicación de la corrupción y los privilegios a que se han asociado de manera dominante los cargos públicos y la representación política”.
Sin embargo, quienes se manifestaron a favor de recibir los recursos, Mauricio Ruiz, Fabiola Larrondo y Laura Polo, justificaron que “era un derecho que tenían como diputados”.
A final de cuentas, lo cierto es que Francisco Domínguez Servién utilizó la entrega de 300 millones de pesos a los 25 legisladores como un mecanismo de control y sujeción política a los integrantes de la LIX Legislatura del Estado de Querétaro.
SIC mx
