SEGUNDO BARRIO DE DOLORES
Por: Agustín Escobar Ledesma
Marcelo Clemente Alberto y Andrés Martínez Salinas, indígenas oriundos de Santiago Mexquititlán, Amealco, fueron encarcelados en 2015, acusados de despojo calificado, por, presuntamente, lotificar y vender un predio propiedad de Ana Laura Vallarino Hernando, situado en el Segundo Barrio de Dolores y, aunque los encarcelados cumplieron en 2019 las sentencias a las que fueron condenados, el juez, Edgardo Saúl Contreras Arias, los mantiene retenidos en el Centro de Readaptación Social de San José El Alto, Querétaro.
Marcelo y Andrés son dos de las numerosas víctimas que ha dejado la disputa por las 180 hectáreas de terreno nacional que comprenden el Segundo Barrio de Dolores, ubicado en la parte alta de La Cañada, cabecera municipal de El Marqués, en el que los desalojos de la fuerza pública, en 2009, 2013 y 2017, también han provocado heridos y muertos entre las personas que aquí se han asentado, integrantes de la Unión de Colonos Conín (UCC) y del Frente Estatal de Lucha (FEL), organizaciones que, aunque luchan por lo mismo, sus diferencias políticas las mantiene divididas y enfrentadas entre sí, porque la primera está vinculada con el PAN y la segunda con Morena.
Otros de los actores que también contribuyen al conflicto, son el gobierno municipal de El Marqués, el gobierno del Estado de Querétaro y el Poder Judicial de Querétaro que, de facto, apoyan los intereses de los empresarios inmobiliarios del poderoso Grupo DRT y otros particulares que también pretenden adueñarse de esta zona de alta plusvalía dada su ubicación geográfica al oriente de la ciudad de Querétaro.
Génesis
A mediados de la década de los ochenta del siglo pasado llegaron las primeras familias para asentarse en este lugar mostrenco, abriendo brecha entre el cerro, encabezados por Manuel Moreno Martínez, fundador de la UCC, asociación civil conformada por peticionarios de tierra, cuyas obligaciones son las de ocupar el predio solicitado, asistir a asambleas, acudir a manifestaciones, plantones y marchas, participar en faenas comunitarias y contribuir con cuotas para los gastos de operación de la asociación.
En 2008, Manuel Moreno Martínez, a nombre de los colonos, presentó ante la entonces Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) solicitud de enajenación onerosa de terrenos nacionales, relativa al predio denominado Segundo Barrio de Dolores, con una superficie de 180 hectáreas y, en 2014, el Diario Oficial de la Federación publicó el decreto que declaró terreno nacional la superficie solicitada para otorgarla a los precaristas, quienes, desde aquel momento litigan ante las autoridades agrarias la propiedad formal del lugar.
Marcelo Clemente Alberto
En enero de 2015, Marcelo Clemente Alberto fue encarcelado, acusado de despojo calificado (carpeta de investigación 172/2014 E6), de un predio ubicado en el Segundo Barrio de Dolores.
El juez, Arturo Ugalde Rojas, del Juzgado Sexto Penal de Querétaro lo sentenció a una pena de prisión por 3 años, 7 meses y 25 días, una fianza de 60 mil pesos y el pago por la reparación del daño por 6 millones de pesos, figurando como agraviadas Ana Laura Vallarino Hernando, Myriam Vallarino Hernando y Laura Violeta González Pinto.
En aquel año, consultado respecto a la millonaria multa, Carlos Septién Olivares, el entonces magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de Querétaro, precisó en entrevista ante los medios locales, que el pago por reparación del daño obedecía al valor del inmueble invadido y no a la condición social de Marcelo Clemente Alberto.
Como Marcelo no contaba con dinero para pagar a un abogado, el Estado le proporcionó un defensor de oficio y, a lo largo del proceso le han nombrado por lo menos a cuatro diferentes, entre los que figuran Maribel Casique Peña y Ariadna Aidé Sánchez Medina.
En 2015 Marcelo tenía 39 años de su edad, era trabajador de la construcción con ingresos de 1,500 pesos semanales, casado con Francisca Tomás Lucio, con quien procreó cinco hijos y era habitante del Segundo Barrio de Dolores.
Marcelo es de Santiago Mexquititlán, Amealco, pertenece a la etnia hñöhñö y fue juzgado sin saber de qué se le acusaba puesto que nunca hubo un traductor que le dijera que estaba detenido por, supuestamente, lotificar y vender los terrenos de Ana Laura Vallarino Hernando.
Las cruces de Francisca
Francisca Tomás Lucio, mujer otomí oriunda de Santiago Mexquititlán, Amealco, se gana la vida elaborando artesanías con espinas en forma de cruz que recolecta de los arbustos cultivados en su predio situado en el Segundo Barrio de Dolores.
Sábados y domingos Francisca sale de su casa con las artesanías que elaboró durante la semana para dejarlas a consignación con comerciantes y vendedores ambulantes del centro histórico de Querétaro, quienes se quedan con la mayor parte de las ganancias porque ella les vende los llaveros en quince pesos y los comerciantes los dan en cincuenta a los turistas.
Francisca es esposa de Marcelo Clemente Alberto con quien procreó cinco hijos, tres mujeres y dos hombres quienes se ganan la vida lavando platos en las fondas del mercado “General Mariano Escobedo”, de la ciudad de Querétaro, desde que su papá fuera encarcelado en 2015.
Andrés Martínez Salinas
En octubre de 2015, Andrés Martínez Salinas, fue encarcelado por el delito de despojo calificado en agravio Ana Laura Vallarino Hernando, Myriam Vallarino Hernando y Laura Violeta González Pinto. Fue sentenciado a 4 años 6 meses de prisión por el juez, Arturo Rojas Ugalde, del Juzgado Sexto Penal de Querétaro (carpeta de investigación 172/2014 E6).
En aquel año, Andrés tenía 42 años de su edad, era divorciado, se ganaba la vida boleando zapatos, vivía en el Segundo Barrio de Dolores y es oriundo de Santiago Mexquititlán, Amealco.
Al no contar con recursos para pagar un abogado, el estado le ha nombrado diferentes defensores de oficio, uno de ellos es el licenciado Jorge Paredes Romano, quien también fue funcionario público que trabajó en la oficina de regularización de predios, en el gobierno de José Calzada Rovirosa (2009-2015).
La defensa del INPI
En entrevista telefónica, la abogada de la delegación Querétaro del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Alejandra Colín, señaló que este organismo del gobierno federal, conoció en 2017 los casos de Marcelo Clemente Alberto y Andrés Martínez Salinas, ambos indígenas oriundos de Santiago Mexquititlán, Amealco, quienes cumplían con los requisitos para ser apoyados por el programa de excarcelación de presos indígenas, que contempla el apoyo para pago de fianza y reparación del daño.
Sin embargo, como la fianza que en un principio les impuso el juez, Arturo Rojas Ugalde, ascendía a más 6 millones de pesos a cada uno, estaba fuera de las reglas de operación del programa.
Después hubo una sentencia a favor de Marcelo y Andrés en donde ambos ya habían cumplido con la sentencia carcelaria y, de los seis millones iniciales, ahora se les fijó una garantía de casi cincuenta mil pesos entre ambos, suma que sí podía cubrir el programa del INPI, sin embargo, no se pudo depositar la fianza porque el juez de ejecución solicitó que se llevara a cabo la diligencia de restitución del predio.
Sin embargo, la diligencia de restitución del predio ha sido pospuesta en varias ocasiones y, a la más reciente convocatoria, no se realizó porque, al parecer, el perito no dio con el lugar del predio y no llegó y, aunque en 2019 Marcelo y Andrés cumplieron sus sentencias, continúan encerrados porque los juzgados no aceptan el pago de la garantía que el INPI dispone para ayudar a ambos indígenas.
La licenciada Colín señala que ni Marcelo ni Andrés ocupan o han ocupado los predios que el juez les ordena restituir a las propietarias, como reparación del daño y seguirán encarcelados porque no están dispuestos a firmar la restitución, porque tienen el temor que si lo hacen las familias asentadas en el predio en disputa serán lanzadas y, además, piensan que el aparato de justicia los mantiene secuestrados en la cárcel, presionándolos para que firmen la restitución.
La defensa de la UGOCEM JL
Quien también ha intervenido en el caso de Marcelo Clemente Alberto y Andrés Martínez Salinas, es la socióloga Mariana González Torres, secretaria de gestión social de la Unión General de Obreros y Campesinos de México Jacinto López (UGOCEM JL), asociación civil.
En enlace telefónico, González Torres señala que Ana Laura Vallarino Hernando, en amparo, logró acreditar ser dueña de casi tres mil metros cuadrados ubicados en el Segundo Barrio de Dolores. También menciona que Vallarino Hernando interpuso una denuncia en contra de Marcelo y Andrés, acusándolos de vender sus terrenos, que la habían expulsado de los mismos y que no podía recuperarlos y, a raíz de la denuncia, los detuvieron.
Enfatiza que la realidad es que Marcelo y Andrés no tienen posesión de los terrenos, no han estado en los terrenos y ellos no tienen por qué entregarlos. Primero, porque no tienen nada que ver y, segundo, porque en dado caso que el predio de Vallarino Hernando estuviera en terreno nacional, es de la nación y ellos (Marcelo y Andrés) no tienen facultad para entregarlos, motivo por el que el juez no los ha liberado.
Además, la abogada de la UGOCEM JL, señala que los defensores de oficio de Marcelo y Andrés han desempeñado un papel muy negativo en defensa de sus representados. “Hemos tratado de buscarlos, localizarlos para trabajar y ayudarnos conjuntamente con ellos para sacarlos de la cárcel, pero no han actuado correctamente, los han abandonado, no han exigido sus derechos en el caso de las actuaciones, en el caso que ya estaba la fianza, la multa y dejaron pasar esa situación. Ha sido una defensa nula. Han tenido muchas deficiencias desde el principio, lo que ha perjudicado a los detenidos”.
El Frente Estatal de Lucha
Mientras que los integrantes de la Unión de Colonos Conín llegaron al Segundo Barrio de Dolores a mediados de la década de los ochenta, al parecer, los colonos del Frente Estatal de Lucha (cuyo dirigente es el profesor Sergio Gerónimo Sánchez), lo hicieron casi tres décadas después, porque, de acuerdo a una nota publicada en el semanario Tribuna de Querétaro, señala que en 2014 un contingente de precaristas del FEL se asentó en El Grambullal, predio que los lugareños identifican como propiedad de Ana Laura Vallarino Hernando.
La nota señala “La iniciativa de regularización se dio por iniciativa del Frente Estatal de Lucha (FEL). En el acuerdo de voluntades manifestó “que para su organización resulta fundamental la búsqueda de dar certidumbre jurídica al patrimonio de sus agremiados”, de los que daba fe de contar en siete asentamientos diferentes —entre ellos, El Garambullal— en los municipios de Corregidora, El Marqués y Querétaro. El acuerdo de voluntades está fechado el 17 de junio de 2014”. (Tribuna de Querétaro, 8 de abril de 2019).
Intereses particulares
Ante la declaratoria de terreno nacional de 2014 del Segundo Barrio de Dolores, por parte del gobierno federal, Laura Violeta González Pinto, Myriam Vallarino Hernando y Ana Laura Vallarino Hernando se ampararon porque señalaron ser propietarias de tres predios ubicados en el lugar.
En aquel mismo año, 2014, las tres mujeres denunciaron ante la entonces Procuraduría General de Justicia de Querétaro, que habían sido expulsadas de sus propiedades del Segundo Barrio de Dolores y no podían recuperarlas, razón por la cual, en enero y octubre de 2015, fueron detenidos y encarcelados los indígenas otomíes Marcelo Clemente Alberto y Andrés Martínez Salinas.
Sin embargo, de las tres personas presuntamente afectadas, únicamente Ana Laura Vallarino Hernando logró justificar un predio de su propiedad por 27 mil 389 metros cuadrados, conforme a escritura pública fechada en 1980.
Vale señalar que, en 2018 Ana Laura Vallarino Hernando, fue candidata a diputada local del Distrito XII que comprende el municipio de El Marqués por morena, partido que pregona “primero los pobres” y, años después, durante las elecciones de 2021, hizo pública su renuncia a la sindicatura propietaria y la representación proporcional por morena al cabildo de El Marqués, para sumarse a la campaña de Mauricio Kuri González, candidato a la gubernatura de Querétaro, por el Partido Acción Nacional.
El hermano de Marcelo
Desde la detención de su hermano Marcelo, Floriberto Clemente Alberto, se ha encargado de concentrar una gran cantidad de documentos que el proceso judicial ha generado; también está atento a lo que le sucede a Marcelo en prisión, a quien, por cierto, no ha podido ver desde marzo de 2020, debido a que, por la pandemia, las autoridades carcelarias han restringido las visitas y sólo se comunica con él por teléfono.
Floriberto señala que, aunque su hermano ha tenido buen comportamiento en la cárcel, porque estudia y trabaja, de nada le ha servido para que le reduzcan la pena de cárcel porque, al contrario, ya lleva seis años encerrado.
Señala que a su hermano lo detuvieron acusado de despojo calificado de un predio en el Primer Barrio de Dolores, un lugar que ni siquiera existe y, a fuerzas, el juez exige que Marcelo y Andrés firmen un documento donde ellos le ceden los terrenos a la señora Ana Laura Vallarino Hernando, pero esto no se puede hacer porque son terrenos nacionales, en este caso no se le puede firmar un documento. “Yo no entiendo por qué la señora quiere que se le firme un documento si ella ya pudo acreditar que son sus terrenos, Marcelo y Andrés no tienen ninguna autoridad para firmar la entrega de estos terrenos. Por eso siguen encarcelados”.
Molesto, Floriberto indica que mientras la gente del FEL fue la que se asentó en El Garambullal (predio que al parecer es de Ana Laura Vallarino Hernando), a quienes detuvieron las autoridades judiciales fue a su hermano Marcelo y Andrés, quienes, al igual que él, pertenecen a la UCC.
Testimonio
Los colonos del Segundo Barrio de Dolores no cuentan con escrituras o cualquier otro documento que los ampare como propietarios de los lotes que habitan, solo tienen la posesión de los terrenos y, hasta el momento, el Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSS), lo que antes fue la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (CORETT), no ha intervenido.
En este lugar tampoco existen servicios públicos municipales; el agua la compran a las pipas que les llenan tambos de 200 litros; sólo tienen una toma de electricidad, el recibo lo pagan entre todos, siendo los directivos de la UCC los encargados de recolectar la cooperación.
En 2015 falleció Manuel Moreno Martínez, dirigente histórico de la Unión de Colonos Conín, quien, previamente, en diferentes momentos y circunstancias fue encarcelado desde que los integrantes de la UCC se asentaron en las tierras mostrencas del Segundo Barrio de Dolores.
Ahora, quien se encarga de llevar los asuntos administrativos y legales de la UCC es Manuel Moreno Ortiz, hijo del difunto y, de acuerdo con el testimonio de uno de los colonos que pidió la reserva de su nombre para evitar represalias, los colonos pertenecientes al FEL no están de acuerdo que Manuel mantenga relación con las autoridades municipales y estatales panistas, dado que son quienes han reprimido a los integrantes de la UCC, en beneficio de los empresarios desarrolladores.
El Garambullal
En un recorrido que este reportero realizó con Floriberto Clemente Alberto por el predio que los lugareños identifican como El Garambullal, al parecer propiedad de la señora Ana Laura Vallarino Hernando, se advirtió que el sitio está delimitado por una cerca derruida, hay una amplia zona de vegetación xerófita y también existen lotes ocupados por los integrantes del Frente Estatal de Lucha que viven en chozas levantadas con materiales reciclados de madera, lámina y cartón, ubicadas cerca de una cancha de futbol.
SIC mx
