Contraloría sindical ciudadana frente a la subcontratación abusiva y mayores créditos solidarios para recuperar empleos
Por: Andrés Peñaloza Méndez
Bia`lii, Asesoría e Investigación, A.C.
14 de febrero de 2021
En enero del año pasado el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reportaba la creación de 68,955 puestos, este enero sólo fueron 47,919; prácticamente la mitad de las plazas generadas en el primer mes de 2019 (94,646). Lo que muestra las dificultades para reactivar la economía en medio del rebrote pandémico.
Al 31 de enero de 2021 el total de registros laborales asciende a 19,821,651, una reducción anual de -3.3% equivalente a 668,746 plazas menos.
Uno de los logros neoliberales más preciados fue legalizar y expandir la subcontratación hecho convergente con el impulso de fortunas y ganancias corporativas a costa de socavar el trabajo decente (empleo estable, seguridad e higiene en el trabajo, aprendizaje, seguridad social y buenos salarios) además de evadir contribuciones.
Con la reforma laboral calderonista de 2012 se formaliza la flexibilización del trabajo emprendida con intensidad dos décadas antes.
A pesar de la opacidad en la estadística laboral, se estima que por lo menos una cuarta parte de la población trabajadora está sometida a esta figura.
La 4T se pondrá a prueba en el próximo periodo legislativo donde tendrá que eliminar la terciarización abusiva y delimitar aquellos servicios y trabajos especializados ofrecidos por empresas formales con sus obligaciones fiscales y de seguridad social en orden susceptibles de contratar temporalmente.
La iniciativa presidencial presentada en noviembre de 2020 tiene los elementos fundamentales para poner fin al abuso asociado a la subcontratación; por ende, sería lamentable se corrompiera en los diálogos con la patronal y en el proceso legislativo.
Desde luego, los cambios normativos son importantes, pero no suficientes.
La omisión, ineficiencia e ineficacia de la autoridad, exceptuando instancias de seguridad social y tributarias debido a recientes acciones, para actuar en contra de los abusos patronales es reflejo de la corrupción laboral predominante en México desde hace décadas.
Las acciones gubernamentales, legislativas y de impartición de justicia son centrales para avanzar en la transformación democrática del trabajo.
Por lo mismo, es de celebrar el anuncio de las autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) realizado el pasado 4 de febrero acerca de la aplicación digital (App IMSS Digital) denominado Reporte Personalizado de Cotización al IMSS (RPCI)[1], servicio que permitirá dar seguimiento a las cotizaciones e historial laboral de los y las trabajadoras afiliadas y de las que lo fueron.
Esta aplicación, que se actualizará mensualmente, brindará la posibilidad a las y los trabajadores para saber si el empleador los dio de alta correctamente; aspecto imprescindible en la eventualidad de enfermedad o riesgo de trabajo, pues la protección del ingreso ante un acontecimiento imprevisto, y contar con un mayor ahorro para el retiro depende del registro correcto del salario y días cotizados.
El anuncio abre una fecunda oportunidad organizativa cooperando con los más de veinte millones de afiliados al IMSS para desarrollar habilidades de contraloría sindical ciudadana orientada a defender y promover los derechos humanos laborales.
La subcontratación desprotege a los trabajadores en los momentos cruciales
En 2020 se perdieron 647 mil 710 plazas registradas en el IMSS, muchas de ellas asociadas a las prácticas de subcontratación. La crisis de empleo formal en el sector privado pudo haber sido más sombría de no haberse implementado diversos programas, entre ellos el denominado “Crédito Solidario a la Palabra” dirigido a patrones solidarios (que no despidieron trabajadores entre marzo y abril), personas trabajadoras del hogar y trabajadores independientes afiliados al IMSS, beneficiando a un total de 207 mil 188 personas con una dispersión equivalente a los 5 mil 200 millones de pesos durante los meses de paralización de actividades no esenciales.[2]
En el más reciente balance se reporta el otorgamiento de 192,000 créditos solidarios entregados a micro y pequeñas empresas de un universo total de 645,000, de las cuales, 94% contaban con una plantilla inferior a los diez trabajadores. Su cobertura abarcó más de 1,500 municipios. A través de los registros administrativos del IMSS se documentó que se conservaron más de 700,000 puestos de empleo al identificar que el 70% de los patrones que obtuvieron su crédito solidario, mantuvieron o incluso incrementaron su plantilla.[3]
Sin duda, los créditos solidarios a la palabra por 25 mil pesos tuvieron su pertinencia, pero fueron insuficientes para mitigar la masiva pérdida de plazas durante los meses de marzo a junio (1 millón 149 mil). Desarrollar un programa similar desde el IMSS en 2021, incluso con montos mayores -entre 50 a 100 mil pesos-, contribuiría a recobrar el dinamismo en la creación de empleos formales, aspecto estratégico para el desarrollo con bienestar.
Lo anterior reforzaría el nuevo paquete de 60,000 créditos a la que se destinarán 1,500 millones de pesos a través del Programa de Apoyo Financiero a Microempresas Familiares (Crédito a la Palabra) anunciado por la Secretaría de Economía.[4]
Entre los criterios contemplados para el otorgamiento de créditos requeridas a las microempresas están que cumplan con sus obligaciones fiscales y que hayan mantenido el promedio de su plantilla laboral. Los apoyos por 25,000 pesos, tendrán un período de gracia de tres meses para su reembolso, se dividirán en tres modalidades de créditos, 20,000 para cada una: microempresas familiares del Censo del Bienestar pendientes del 2020, microempresas cumplidas y mujeres solidarias.
Ante la gravedad de la situación económica, reflejada en la caída del 8.5% del producto interno bruto (PIB) el año pasado, es aconsejable no sólo incrementar el universo y montos de los créditos solidarios a la palabra sino sobre todo urge llenar un vacío tanto coyuntural como estructural: diseñar y emprender un plan de reactivación y creación de empleos formales concomitante a la reducción del trabajo informal. Formalizar lo que ahora está precarizado es la vía para una etapa posneoliberal en la esfera económica y laboral.
Pensar que no es necesario inyectar mayores recursos a las micro, pequeñas y medianas empresas toda vez que la reactivación económica descansa en sectores y áreas enclavadas en México vinculadas al mercado exterior; suficiente debido a los positivos efectos generados indirectamente a causa de los gigantescos programas de apoyo para reactivar la economía y paliar la merma en los ingresos otorgados a empresas y empleados en los Estados Unidos y la Unión Europea, principales socios comerciales, achata la visión de cambio al aferrarse a la creencia de las bondades del mercado, que aun sin idolatría, es falsa.
[1] Comunicado “IMSS empodera a 20 millones de trabajadores para que den seguimiento a sus cotizaciones e historia laboral” 4 de febrero de 2021. Consulta: http://www.imss.gob.mx/prensa/archivo/202102/049
[2] Comunicado “Con el Apoyo Solidario a la Palabra se beneficia a 15 mil 207 personas trabajadoras del hogar y trabajadores independientes afiliados al IMSS”. 17 de junio de 2020. Consulta: http://www.imss.gob.mx/prensa/archivo/202006/402
[3]Comunicado “La Secretaría de Economía anuncia un nuevo paquete de 60,000 apoyos a micronegocios en 2021 con el Programa de Apoyo Financiero a Microempresas Familiares, conocidos como Crédito a la Palabra” 29 de enero de 2021. Consulta: http://www.imss.gob.mx/prensa/archivo/202101/CCO06
[4] Comunicado “La Secretaría de Economía anuncia un nuevo paquete de 60,000 apoyos a micronegocios en 2021 con el Programa de Apoyo Financiero a Microempresas Familiares, conocidos como Crédito a la Palabra”. 29 de enero de 2021. Consulta: http://www.imss.gob.mx/prensa/archivo/202101/CCO06
