SEGUNDA DESAPARICIÓN MASIVA DE JORNALEROS
Querétaro, Qro., a 07 de abril de 2020 – Desde que desapareció mi hijo Juan Manuel, ni con un costalito de frijol me han ayudado las autoridades, señala angustiada la señora Carmen Hernández Soto, en referencia al apoyo que la Comisión Ejecutiva de Búsqueda de Personas (CEAV) ha otorgado a algunos de los familiares de los 44 jornaleros migrantes que desaparecieran el 5 de abril de 2010, en la carretera federal 49, al norte de la ciudad de San Luis Potosí.
Juan Manuel Cervantes Hernández era el propietario del autobús placas 237-RM2 que aquel día llevaba a los jornaleros agrícolas, originarios de los estados de México, Michoacán, Guanajuato y Querétaro con dirección a Altar, Sonora, para cruzar a Estados Unidos.
La señora Carmen vive en Maravatío, Michoacán, ciudad rodeada de extensas y verdes áreas cultivadas de fresa, situada a un costado de la carretera federal 150 México-Guadalajara y, a raíz del suceso, sufrió un infarto, es hipertensa y diabética, por lo que constantemente tiene que trasladarse para su atención médica al Hospital General de la Ciudad de México.
Trece de los desaparecidos son de diversos municipios queretanos.
Siete son del municipio serrano de Pinal de Amoles, entre quienes figuran Ricardo Ramírez Zarazúa, Honorio Reséndiz García, Ismael Reséndiz García, Jacinto González Rodríguez, Jesús Rodríguez Martínez, Jonavad Reséndiz Ávila y Gerardo Mejía González.
Por el municipio de Landa de Matamoros están Rubén Garay Camacho, Juan Carlos González Jiménez y Sabino González Rincón.
De Amealco iban Efraín Cruz Martínez y su sobrino Isaac Guillermo Cruz, quienes querían ganar algunos dólares, para comprar cabezas de ganado menor y levantar un cuarto de tabique.
El conductor del autobús, Ángel Becerril Sánchez, es del municipio de Huimilpan, Querétaro y era uno de los dos operadores del camión, quien llevaba cuatro meses trabajando para su patrón de Maravatío, Michoacán, en una ruta fija semanal en la que llevaban jornaleros a Altar, Sonora, procedentes de los estados de México, Michoacán, Guanajuato y Querétaro.
A raíz de la desaparición de Ángel, quien tenía 36 años de edad, se desintegró su familia porque su esposa abandonó su casa, dejando a sus hijos, Ricardo, Oscar y Diego en manos de sus tías; el menor de ellos sufre de atetosis, trastorno neurológico caracterizado por movimientos involuntarios en pies, manos y cabeza.
Jorge Becerril Sánchez, cronista municipal de Huimilpan y hermano de Ángel, denunció la desaparición el 22 de junio de 2010, en la agencia del Ministerio Público ubicada en la colonia Casa Blanca de la ciudad de Querétaro, en donde fue abierta la averiguación previa número 111B/603/2010.}
Ninguno de los familiares de los desaparecidos recibió llamadas de los delincuentes, exigiendo el pago de rescate.
Hace una década el entonces gobernador de Querétaro, José Calzada Rovirosa y Arsenio Durán Becerra, Procurador de Justicia incumplieron con el Artículo 2 de la Constitución Política del Estado de Querétaro que señala que el Estado garantizará el respeto y protección a la persona, promoverá su defensa y deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos y generar acciones afirmativas a favor de las personas en situación de vulnerabilidad, en los términos que establezca la ley.
El mandatario queretano únicamente se limitó a informar a los medios que estaba consternado y que había establecido comunicación con sus homólogos de Tamaulipas, Nuevo León y San Luis Potosí para realizar actividades conjuntas, tendientes a dar con la localización de los desaparecidos. Después se olvidó del asunto, al igual que el gobierno federal, encabezado por el presidente Felipe Calderón, en cuya administración se registraron más de 26 mil casos de personas desaparecidas.
Otros de los jornaleros desaparecidos aquel 5 de febrero de 2010, están tres de Michoacán, José Luis Granados, José Luis Rodríguez y Juan Carlos.
Del estado de México iban 15 personas y 3 de ellas eran de Toluca Raúl Salinas González, Alfredo Vilchis Vargas y Francisco Hernández Carbajal.
Diez eran de Texcaltitlán y dos más de San Simón de Guerrero, municipios del estado de México, entre las que se encuentran José Luis Granados, una mujer de nombre Edith, Octavio Morales Mercado, Juan Morales Mercado, Edgar Ramírez, Javier Velázquez y una persona identificada como Pepe.
De acuerdo con uno de los familiares de Toluca, el coyote que organizó al grupo de los 15 jornaleros del estado de México, Fernando García Ramírez, no se subió aquel 5 de abril al autobús con las personas que llevaba porque ya había tenido problemas en la frontera y no le permitían pasar, aunque no quiso señalar qué tipo de problemas y quién o quiénes le prohibían el paso ni por qué.
Sin embargo, en aquel año, la disputa territorial entre el Cártel del Golfo y Los Zetas dejó una estela de muerte y desapariciones que persiste hasta nuestros días.
Además de las afectaciones a su salud, a partir de la desaparición de su hijo Juan Manuel, la señora Carmen Hernández Soto y su nuera, Norma Angélica quien vende ropa usada, se encargan de la manutención y los cuidados de los tres hijos de ésta; dos de ellos nacidos con síndrome de Kartager, enfermedad genética rara caracterizada porque el corazón está del lado derecho y otros órganos que tampoco están del lado correcto, lo que, entre otras causas, provoca afectaciones en las vías respiratorias.
Aunque sus nietos deben acudir constantemente al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) en Ciudad de México, ante la contingencia sanitaria provocada por el Covid-19, les fue cancelado su tratamiento.
La señora Carmen Hernández Soto señala que no sólo ninguna autoridad la ha ayudado en la búsqueda de su hijo desaparecido, sino que desconoce la existencia de la CEAV y menciona indignada que las autoridades federales ya le dieron carpetazo al asunto y que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no buscará a los desaparecidos.
En opinión de Agustín Escobar Ledesma.
