A UNA DÉCADA DE LA PRIMERA DESAPARICIÓN MASIVA

La primera desaparición masiva de migrantes queretanos ocurrió hace una década, el 17 de marzo de 2010, en Ciudad Miguel Alemán, Tamaulipas, cuando el autobús que los llevaba a bordo, un camión marca Jaguar, modelo 1994, placas 177-RK5, de la empresa Turismo Pirasol, desapareció con 17 migrantes provenientes del estado de Querétaro; 12 de San Luis Potosí y 6 de Hidalgo. Fue un total de 35 personas desaparecidas, incluido el operador y su auxiliar, quienes no iban con la intención de cruzar a Estados Unidos.

Los desaparecidos eran jornaleros campesinos cuya actividad principal era el de cruzar la frontera norte como indocumentados, para emplearse, principalmente, en la industria de la construcción, que forman parte del fenómeno migratorio queretano a Estados Unidos, situado históricamente desde finales del siglo XIX.

En el primer año de la desaparición, en 2011, la Comisión Estatal de Derechos Humanos Querétaro (CEDHQ) y el Colegio Estatal de Psicólogos de Querétaro (Coepsique), realizaron una intervención durante algunos meses, a partir de la cual generaron un informe en el que dieron a conocer las afectaciones sufridas por los familiares de los desaparecidos, quienes mostraron padecimientos tales como hipertensión, diabetes, daño muscular, gastritis, trastorno del sueño, ansiedad, cefaleas y anorexia.

También, señala el referido informe, surgieron casos particulares como el suicidio del hermano de uno de los desaparecidos, el comercio sexual de dos adolescentes, el alcoholismo de algunas de las esposas de los migrantes, el abandono de una mujer a su hijo para irse con otro hombre y las conductas que más se manifestaron fue el desgano y desinterés por hacer las cosas cotidianas, pesimismo para la búsqueda de empleo, bajo rendimiento escolar, conflictos interpersonales por irritabilidad no controlada, intento suicida y otras conductas de riesgo que, después de diez años, no han sido atendidas.

De los migrantes queretanos desaparecidos, uno de ellos, Abraham Sáenz Díaz, es oriundo del municipio de Arroyo Seco, en tanto que los 16 restantes son de diferentes comunidades del municipio de Landa de Matamoros, entre los que se encuentran Alejandro Moya Maldonado, de Tres Lagunas, quien recién había cumplido 18 años de edad; Víctor Moya Briseño, de Tres Lagunas, quien dejó en el desamparo a su esposa y 5 hijas que iban de los dos a los 10 años de edad; Fulgencio Moya Maldonado, de 18 años, quien también es de Tres Lagunas y dejó a sus padres y siete hermanos.

También continúan desaparecidos los hermanos Mendoza Almaraz, José Luis, tenía 34 años de edad y José Obispo 28 años, de El Charco, sus padres y 3 hermanos; Evodio Flores Ortiz, de El Lobo, tenía 32 años, era casado y tenía 3 hijos de 2 a 10 años de edad; Ismael Mata Morales, de 21 años pertenecía a La Yerbabuena y dejó a su esposa, de 14 años de edad, con un bebé de 7 semanas de nacido.

Juan Ignacio Mata Jiménez, de La Yerbabuena, era menor de edad, con 17 años, lo esperan sus padres y dos hermanos; Enedino Rojo Urías, de Río Verdito, tenía 27 años y dejó a sus padres y 6 hermanos; Alfonso Fonseca Amado, de La Vuelta tenía 37 años y dejó a su esposa con cuatro hijos menores de edad; Edgar Iván Pontaza González, de Jagüey Colorado tenía 20 años, dejó a su madre y dos hermanas; Rubén Garay Camacho, de El Humo, de 22 años de edad, dejó a su esposa con un hijo de tres años, en tanto que su papá, Abel Garay Martínez, fue detenido un año después, acusado de tráfico de personas, es decir, coyote o pollero.

Sabino González Rincón y Juan Carlos González Jiménez, ambos de La Reforma, son padre e hijo respectivamente y dejaron a sendas esposas, en tanto que una de sus familiares está postrada en cama por la meningitis desde hace más de 30 años.

En 2011, después de la primera desaparición masiva de migrantes, el propietario de la empresa Turismo Pirasol, situada en Ciudad Valles, San Luis Potosí, logró recuperar su autobús, marca Jaguar, modelo 1994, placas 177-RK5, que tenía varios años de realizar viajes a la frontera norte cada quince días. Sin embargo, del conductor, su ayudante y las restantes 33 personas, después de diez años se desconoce el paradero.

Esta primera desaparición masiva –el 5 de abril de 2010, ocurrió otra- de migrantes queretanos quedó registrada el 28 de abril de 2010, ante el Ministerio Público del fuero común en Jalpan de Serra, en la averiguación previa J/193/2010, de la entonces Procuraduría General de Justicia de Querétaro.

En abril de 2011, la Procuraduría General de la República informó que detuvo a los polleros Bernardo González Jiménez, Esteban García Pérez, Arturo Mayorga Villeda y Abel Garay Martínez por su presunta responsabilidad en la comisión de los delitos de violación a la Ley General de Población en su modalidad de tráfico de indocumentados y asociación delictuosa.

Los detenidos fueron ubicados en las comunidades de La Yerbabuena, Agua Zarca, La Lagunita y El Humo, pertenecientes al municipio de Landa de Matamoros. Los cuatro acusados fueron internados en el Centro de Readaptación Social de San José el Alto, en el municipio de Querétaro.

Después de ocho años de la desaparición del autobús con las 35 personas a bordo, en 2008, la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, emitió la primera ficha de búsqueda de los migrantes conocido como el caso Pirasol, mientras la de Querétaro se desentendió del caso desde el principio.

A una década transcurrida, los familiares de las 35 personas continúan en la incertidumbre, ante la indiferencia de las autoridades de los tres niveles de gobierno. Si algo ha cambiado desde que desaparecieron es que, a partir del 1 de enero de 2019, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, ha asignado una ayuda mensual de 4,500 pesos a cada una de las familias de los ausentes.

De acuerdo a los testimonios de los familiares de los migrantes desaparecidos, el apoyo que el gobierno federal les otorga es importante, porque los ausentes, eran quienes sostenían a padres, hijos, esposas y madres, sin embargo, señalan que más que el apoyo económico, ellos quieren saber en dónde están sus seres queridos.

En tanto que, desde 2011, la CEDHQ y el Coepsique propusieron al entonces gobernador, José Calzada Rovirosa, implementar un programa de intervención integral que no sólo considerara los aspectos psicológicos, sino también lo económico, lo social, lo laboral, la salud física y las cuestiones de género, así como la instalación de un centro de atención psicosocial para la migración y ampliar los estudios sobre los efectos que la violencia psicológica tiene sobre la salud mental de los migrantes y sus familias.

Sin embargo, el gobierno del estado de Querétaro, únicamente se limitó a aportar despensas a los familiares de los desaparecidos durante el primer año y después se desentendió de la situación.

En opinión de: Agustín Escobar Ledesma