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Craso error si el gobierno federal descafeína o vuelve a posponer la regulación de la subcontratación.

Lo volvieron hacer a pesar del llamado presidencial

A pesar de los reiterados llamados presidenciales para que ciertos segmentos patronales dejen la “costumbre” de despedir a sus trabajadores en diciembre de cada año, con la finalidad de evadir el pago de la seguridad social, el reparto de utilidades y la tributación respectiva, ¡lo volvieron hacer!

En 2019 el despido decembrino alcanzó los 382 mil 210 afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). En 2020, fueron 277 mil 820, de las cuales el 68.8% eran plazas permanentes. En variación mensual fue menor al año anterior (-1.4% versus -1.8%) y similar al cierre de 2020 y ligeramente encima del -1.3% en 2009.

Los sectores donde se concentran los ceses son construcción (31%); transformación (21%), servicios sociales y comunales (17%), comercio (14%) y, servicios personales y para empresas (14%).

En rigor, sólo el sector agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y caza generó empleos en diciembre, lo cual reafirma el carácter esencial de estas actividades primarias y la prioridad que debe brindarse en subsidios y apoyos de fomento y, sobre todo, en el mejoramiento de las condiciones precarias de trabajo de las y los trabajadores del campo. Un paso en esa dirección sería corregir la desafortunada decisión de situar el salario mínimo para la población jornalera agrícola en 160.19 pesos en lugar de los 300 pesos demandados desde hace un lustro por las organizaciones de jornaleros.

Mientras en el primer año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, se crearon 342 mil 077 nuevas plazas ante el IMSS; en el año de la pandemia, el saldo fue negativo en 647 mil 710 empleos.

Las afiliaciones al IMSS en variación anual muestran que únicamente en Baja California (3.2%), Tabasco (1.7%) y Chihuahua (1.3%) el saldo fue positivo. En el resto de entidades la desocupación fue la regla. En veinte estados por debajo del promedio nacional (-3-2%) y en nueve por encima: Quintana Roo (-21.0%), Guerrero (-8.2%), Baja California Sur (-7.7%), Ciudad de México (-6.5%), Puebla (-6.2%), Campeche (-5.6%), Yucatán (-5.1%), Hidalgo (-4.0%) y Guanajuato (-3-4%).

Se sostiene que las variaciones decembrinas obedecen a prácticas de contratación por tiempo y obra determinada, las cuales se justifican cuando la materia de trabajo dura sólo un tiempo perentorio dada la naturaleza de la actividad acordada entre las partes. Empero, al subsistir la materia de trabajo el patrón está obligado a continuar con el contrato y otorgar estabilidad laboral. Los empleadores utilizan esta forma de contratación de manera directa o indirectamente, vía la subcontratación, figura que vino a facilitar y expandir estas prácticas deshonestas orientadas a evadir obligaciones laborales, de seguridad social y tributarias.

Ceses y empleo en diciembre de 2020 IMSS

Sector de actividadTrabajadoresCeses en diciembre%
Industria de la construcción     1,487,330–   89,54431%
Industrias de transformación     5,437,658–   61,11521%
Servicios sociales y comunales     2,168,571–   49,68217%
Comercio     4,035,051–   40,05214%
Servicios para empresas, personas y el hogar     4,363,749–   39,73214%
Transportes y comunicaciones     1,213,097–     7,7073%
Industrias extractivas       119,940–     1,6931%
Sector de actividadTrabajadoresEmpleos en diciembrePorcentaje
Agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y caza                           670,46611,49099.9%
Industria eléctrica, y captación y suministro de agua potable        146,799                160.1%

Fuente: IMSS

Craso error si el gobierno federal vuelve a posponer la regulación de la subcontratación. Con la iniciativa presidencial dada a conocer el 12 de noviembre de 2020 para eliminar la subcontratación sin duda se avanzaría en la transformación del mundo laboral.

Por supuesto, no bastan los cambios normativos si las autoridades gubernamentales y de impartición de justicia siguen inmersos en la corrupción e ineficiencia; escollos para una rigurosa aplicación de las leyes y de los múltiples instrumentos internacionales que prevén una genuina protección de derechos humanos de índole laboral. No bastan nuevos discursos sino una vigorosa, transparente, eficiente y eficaz actividad del sector público para ceñirse a cabalidad con el mandato constitucional y evitar injusticias en materia de empleo, salarios y prestaciones.

Los vaivenes del empleo en el año de la pandemia

Durante cinco meses (de marzo a julio) se perdió un millón 117 mil 584 empleos. Abril y mayo fueron los más severos, concentrando el 80.5% de la cesantía. Entre agosto-octubre empieza la recuperación de empleos. Lamentablemente los datos del IMSS para ese periodo mostraban apenas una tercera parte del vigor registrado un año antes. Ya en noviembre el dinamismo en el empleo decrecía anticipando la desafiliación masiva de cierre de año. De esta manera, en un sólo mes (diciembre) se eliminó la mitad del empleo recuperado en cuatro meses previos. Esto ocurre en el mercado formal, en el sector informal la inestabilidad es mayor.

Acciones incompletas para la reactivación económica

Sin presentar el documento completo sino sólo una presentación ejecutiva el 19 de enero la Secretaría de Economía del gobierno de México, Tatiana Clouthier, dio a conocer las “Acciones para la reactivación económica”; a reserva de opinar con mayor detalle en otro texto sobre el programa de reactivación económica oficial, llaman la atención dos de los cuatro ejes estratégicos que podría marcar eventualmente un distanciamiento de lo se ha planteado en gobiernos anteriores.

Lo primero es el “Eje I. Mercado interno, empleo y empresa” donde explícitamente se vuelve hablar de política industrial y tecnológica, incremento del valor agregado local, desarrollo de cadenas productivas y plataforma de proveedores nacionales, entre otras.

Se identifican algunos sectores innovadores, altamente exportadores y de alto impacto en el empleo: calzado, textiles y todo el sector agroindustrial. También industrias que añaden valor a cadenas de suministro al mercado nacional y de exportación como la industria siderúrgica, la química, la eléctrico-electromecánica, plásticos, dispositivos médicos, automotriz y aeroespacial.

Lo segundo es el “Eje IV. Regionalización y sectores” donde se apunta la estrategia sur-sureste en una visión no de uniformidad sino de regionalización. Habrá que estar atentos a los sectores prioritarios y estratégicos de alto impacto para la creación de empleo y aquellos susceptibles de constituirse en plataforma del futuro.

Los otros dos ejes son los que tradicionalmente se han colocado como prioridad en anteriores administraciones: “fomento y facilitación a la inversión” y “comercio internacional”.

La situación del empleo debe cambiar urgentemente en 2021 y ya veremos si las “Acciones para la reactivación económica” abonarán a ello.  

Para evitar que lo urgente diluya la discusión de fondo, es imprescindible debatir reformas en el mundo del trabajo con la mayor seriedad política, aún con las dificultades que supone este año de frivolidad electoral.

Además de la reforma en curso para regular la subcontratación habría que introducir cuestiones invisibilizadas, pero centrales para la reactivación no convencional, como es la reducción de la jornada a seis horas (recordemos que la jornada de ocho horas se conquistó hace más de un siglo). Con ello, se crearían las condiciones para ampliar la oferta de trabajo y dar los primeros pasos para la formalización masiva del empleo precario.

Es el momento de las transformaciones de época y no para reeditar añorados modelos liberales de bienestar capitalista cuyas limitaciones abren grietas a la esperanza y da paso, tarde que temprano, al conservadurismo.

SIC mx

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