Desata indignación invitación a funcionario bukelista, violador de los derechos humanos y de posibles crímenes de lesa humanidad, en universidad pública mexicana.

Por: Andrés Peñaloza Méndez
La Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH), anuncióuna conferencia sobre “Seguridad Nacional, Estado y Derechos Humanos” con la participación de Félix Ulloa, vicepresidente del régimen salvadoreño, encabezado por Nayib Bukele quien, desde el 1 de junio de 2019, ocupa la presidencia de ese país. Bukele, transita por un segundo periodo que finaliza el 2029 pero que podrá extenderse por reelección indefinida amparada en la reforma constitucional aprobada el 31 de julio de 2025.
En El Salvador se ha instaurado desde marzo de 2022, un régimen de excepción inconstitucional, prorrogado en 48ocasiones. En este lapso, se ha reportado la detención arbitraria de miles de personas inocentes y de la muerte comprobada de más de 500 presos, incluidos bebés que convivían con sus madres encarceladas. Expertos en derecho internacional, han señalado que estos hechos podrían clasificarse como crímenes de lesa humanidad. Las graves denuncias hacia el régimen del señor Ulloa-Bukele está siendo en este momento estudiado por el Comité de Derechos Humanos de la ONU y existe una muy alta probabilidad de que las denuncias por los crímenes de lesa humanidad podrían ser dirigidas muy pronto a la Corte Penal Internacional, a decir Ingryd Adriana Escobar Campos, directora de Socorro Jurídico Humanitario (SJH) y exiliada de la dictadura de Nayib Bukele – Refugiada en México-.
Se estima que el 94% de los fallecidos en cárceles del régimen bukelista, no eran pandilleros, sino ciudadanos comunes que murieron bajo custodia estatal en condiciones de tortura, hacinamiento, falta de atención médica y absoluta impunidad. Entre las víctimas de persecución se encuentran defensores de derechos humanos como Ruth López, líder fundadora y jefa de la Dirección Anticorrupción de Cristosal, institución defensora de los derechos humanos, como el constitucionalista Enrique Anaya y Fidel Zavala y demás miembros de la organización Alianza Nacional El Salvador en Paz, así como sindicalistas y periodistas imputados con acusaciones tergiversadas o francamente falsas.
Reportes independientes, han documentado que, en marzo de 2022, El Salvador tenía recluidos en sus penales 39,538 personas, situándolo en segunda escala en el mundo con la tasa más alta de reos, 610 por cada 100 mil habitantes; de estos, aproximadamente 30,000 eran pandilleros. A diciembre 2025, la cifra ascendía a 119,200 reclusos, llegando a una tasa a 1,820 detenidos por cada 100 mil habitantes; elevando en un 369.5% el hacinamiento carcelario.
Durante los últimos cuatro años, se han detenido 91,000 personas, de las cuales alrededor del 30% pudieran ser detenciones arbitrarias o ilegales; se estima que, aproximadamente 1,500 detenidos han fallecido en los diversos Centros Penitenciarios.
Además, en el Centro de Confinamiento Contra Terrorismo (CECOT), destinado a pandilleros detenidos mediante el régimen de excepción, crecen las sospechas de que no albergan verdaderamente pandilleros sino a los que ya estaban presos en años anteriores, que provenían de las prisiones cerradas y/o desalojadas, y que ahora muestran al mundo y a los medios internacionales, como si hubieran sido detenidos en el contexto de régimen de excepción, siendo este un engaño, expresa Ingryd Adriana Escobar. Apoyada en datos públicos, en el CECOT se reportan cerca de 15 mil reos en la actualidad, de los que aproximadamente el 90% son verdaderos pandilleros que ya estaban presos antes del régimen y el 10% si son de los llamados “Reos de Régimen”, no pandilleros, a quienes les han puesto calificativo de “Colaboradores”.
Félix Ulloa, edulcora al régimen bukelista, quien, en sus giras internacionales, organizadas habitualmente por la neofascista Conferencia Política de Acción Conservadora(CPAC), se dedica a promover un “modelo de seguridad”, ocultando, desde luego, su naturaleza autocrática, violatoria de derechos humanos y orientado a criminalizar la protesta social.
La desafortunada invitación de la UNACH al vicepresidente bukelista, desató indignación y múltiples protestas, en virtud de que Félix Ulloa, es parte de un régimen caracterizado por las constantes y graves violaciones de derechos humanos cometidas contra el pueblo trabajador salvadoreño, las cuales rayan en crímenes de lesa humanidad, debido a la naturaleza generalizada y sistemática de ataques contra la población civil, bajo un estado de excepción y sostenida como parte de una política estatal, enfocado al desmantelamiento paulatino de la división de poderes y de las garantías democráticas, concentrando el poder en la Presidencia, lo que ha llevado a una situación de poder ilimitado, corrupción, opacidad e impunidad.
Diseñado en su momento por el gobierno de los Estados Unidos y exportado como modelo de aliado ideal de la plutocracia fascista estadounidense y del poder político reaccionario en América Latina y el Caribe, el gobierno de Bukele, ha consolidado un modelo autoritario, escalonando reformas legales y acciones para limitar la libertad de asociación, el funcionamiento independiente de organizaciones civiles y laborales, concomitante al uso permanente y excesivo de las fuerzas armadas y de la policía como instrumentos de control político y social.
Si bien han retirado del portal de la UNACH el cartel de la conferencia del señor Ulloa programada para el 8 de abril, se espera -tras el asueto de semana santa- un comunicado oficial de cancelación, para dejar constancia de una acertada rectificación por parte de las autoridades universitarias chiapanecas. Pero honraría a esta universidad pública, como a otras del país, abrir sus recintos, en consideración de las víctimas y de los asesinados bajo el régimen bukelista, a las genuinas representantes del pueblo salvadoreño para dar a conocer a la comunidad universitaria y la opinión pública mexicana el quiebre institucional y las constantes violaciones a las libertades civiles y políticas; así como, a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de la población trabajadora y de las organizaciones de la sociedad civil en este pueblo hermano.
La crisis del Estado de derecho en El Salvador, sin precedentes desde los Acuerdos de Paz, suscritos en el castillo de Chapultepec el 16 de enero de 1992, puede tener derivas explosivas en la sociedad salvadoreña y para nuestra región mesoamericana.
Doce años de intervencionismo y de guerra civil financiada por el gobierno estadounidense en apoyo a dictaduras y gobiernos autoritarios en los años ochenta del siglo pasado parece querer replicarse, alentando el empoderamiento de personajes vinculados al mundo empresarial oligárquico con renovadas ideas conservadoras y anticomunistas con las que pretenden socavar derechos y libertades elementales, justificar inconfesables vínculos criminales y de vasallaje vergonzoso al capital y al imperialismo con consecuencias hirientes y de sufrimiento para la clase trabajadora del todo inaceptables en nuestros tiempos.
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