QUERETANOS EN EL TRÁFICO DE MERCURIO.
Por: Agustín Escobar Ledesma
Entre 2019 y 2025, el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) envió 200 toneladas de mercurio ilegal de las minas artesanales de la Sierra Gorda queretana, hacia países sudamericanos en donde fue utilizado para la extracción ilegal de oro, lo que generó ganancias de ocho mil millones de dólares y un grave impacto ambiental, humano y legal, tanto en la región de origen como en las de destino.
Así lo dio a conocer el informe “Traficantes no dejan piedra sin levantar”, de la organización no gubernamental estadounidense Agencia de Investigación Ambiental (EIA, por sus siglas en inglés), difundido el 24 de julio de 2025.
Los operadores
El informe de EIA señala a tres personas que se encargan de la operación ilegal de las minas de mercurio, los hermanos Juan José y Joel Zamorano Dávila, así como la pareja sentimental del primero, Alejandra Pulido Briseño, quien es mencionada como exdiputada federal del Partido Acción Nacional (PAN).
Sin embargo, al consultar en internet la información sobre esta persona, cuyo nombre completo es Atziri Alejandra Pulido Briseño, resultó que, aunque sí es militante del PAN, no ha sido diputada federal, pero, de 2014 a 2015, fue jefa de oficina del vicecoordinador parlamentario de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
Los diputados federales queretanos por el PAN en aquella Legislatura, la LXII, eran Marcos Aguilar Vega, Alfredo Botello Montes, Ricardo Anaya Cortés, José Guadalupe García Ramírez y Raquel Jiménez Cerrillo, con quienes Pulido Briseño trabajó.
Pulido Briseño es licenciada en mercadotecnia, maestra en políticas públicas por el ITAM, cuenta con un diplomado en negociación pública y privada por Tulane University, campus Houston y un diplomado en administración e innovación, en Vanderbilt University, campus Tennessee.
De acuerdo a la información que la panista posteó en la red social LinkedIn, además de funcionaria, también es empresaria, socia fundadora de las empresas GES Académico y 90 Grados Marketing y, entre 2017 y 2018, fue secretaria técnica en proyectos de movilidad en la oficina del gobierno de Querétaro, en la administración de Francisco Domínguez Servién.
Como se recordará, en 2020, el gobernador panista despidió a su secretario particular, Guillermo Gutiérrez Badillo, cuando éste apareció en un video, recibiendo maletas de dinero, al parecer, destinadas a Domínguez Servién, como pago por votar a favor de la Reforma Energética del presidente Enrique Peña Nieto.
Años después, la panista que ahora es señalada de operar para el CJNG, figura en una lista interna del Partido Acción Nacional, en el proceso electoral 2017-2018, en donde aparece como precandidata a una diputación local de Querétaro.
Más adelante, el 10 de octubre de 2018, al inicio de su administración, Luis Bernardo Nava, entonces presidente municipal de Querétaro incorporó a Pulido Briseño a su gabinete, nombrándola Secretaría de Administración.
Un año después, el 16 de octubre de 2019, la panista presentó su renuncia al cargo, por causas familiares y personales, de acuerdo a lo reportado por los medios locales, siendo sustituida por Ana María Osornio.
El año de la renuncia de Pulido Briseño al gobierno municipal de Querétaro, coincide con el inicio de la etapa del inicio de la explotación ilegal de mercurio del CJNG en las minas de la Sierra Gorda de Querétaro, cuando, de 2019 a 2025, extrajeron 200 toneladas del metal líquido, con un valor de ocho mil millones de dólares.
Atziri Alejandra Pulido Briseño, reapareció este 2025 en la función pública, pero ahora en la Secretaría de Gobierno del Estado de Querétaro, esto de acuerdo a la página de Facebook de dicha institución del 21 de enero de 2025, ahora en el Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), en calidad de presidenta y vicepresidenta del Comité de Gestión por Competencias, en un evento denominado “Juntos por un Querétaro libre de violencias contra niños, niñas y adolescentes”.
Los hermanos Zamorano Dávila Además de operar para la explotación del mercurio para el CJNG, desde 2015, Juan José Zamorano Dávila, egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro, es presidente del consejo de administración de la asociación civil Unión de Mineros del Estado de Querétaro y su nombre figura en una lista publicada por el periódico El Universal (https://interactivo.eluniversal.com.mx/2019/collado-red-empresas/), en torno a la red de empresas y personas en el caso del abogado Juan Collado Mocelo, encarcelado acusado de lavado de dinero y delincuencia organizada, en torno a Libertad Servicios Financieros, S.A. de C.V. S.F.P.
Son alrededor de diecisiete las minas controladas, vigiladas y explotadas por el CJNG en la Sierra Gorda queretana, de acuerdo a la EIA: Cristo Vive, La Fe, El Mono, La Peña y La Perla, Camargo, La Poza, El Rosario, El Otatal, Los Santos, Neri, La Soledad, Durazno, Santa Mónica, La Lana, San Cristóbal Las Maravillas, Benedicto.
Las minas productoras de mercurio se encuentran ubicadas en la confluencia de los municipios de San Joaquín, Pinal de Amoles y Peñamiller y, algunas de ellas, como la de Camargo, es visible desde la carretera federal 120 San Juan del Río-Xilitla.
Las pequeñas minas son artesanales y están ubicadas dentro de la Reserva de la Biosfera, protegida por la UNESCO. Sin embargo, a pesar de la contaminación que la explotación de mercurio produce, hasta el momento ninguna autoridad municipal, estatal o federal ha atendido la problemática.
Tampoco la organización civil Grupo Ecológico Sierra Gorda, de la maestra Martha Patricia Ruiz Corzo, pareciera estar enterada del grave daño ecológico, con concentraciones de mercurio 150 veces superiores a las normas mexicanas en suelos residenciales y 1,400 veces en sedimentos de ríos.
Según el informe de la ONG con sede en Washington D.C., la incursión del CJNG en la minería queretana convirtió la extracción local en una operación casi industrial, con presencia de hombres armados y torres de vigilancia en los yacimientos, indicios del control criminal.
A raíz del derrumbe de la mina La Fe, del municipio de Peñamiller, el 16 de agosto de 2024, que dejó a dos personas muertas, Marco del Prete Tercero, Secretario de Desarrollo Sustentable del gobierno de Querétaro, declaró a los medios locales que en la región había 200 minas en desuso en las que trabajaban entre 400 y 600 personas de manera clandestina.
Según el informe de la EIA, la organización criminal maneja una sofisticada red que exporta mercurio disfrazado como “material de construcción”, principalmente, desde el puerto de Manzanillo Colima, logrando eludir incluso inspecciones con rayos X, hacia Bolivia, Colombia y Perú, donde se procesa para la minería aurífera ilegal.
Empresarios mineros
Hace tres años la revista “Proceso”, del 24 de junio de 2022, consignó que en los registros aduanales de Bolivia se contabilizan 26 empresas mexicanas que exportaban mercurio a ese país, siendo una de ellas, la Unión de Mineros del Estado de Querétaro, de Juan José Zamorano Dávila, la que tenía reportes en aquel año de haber enviado al menos 56 cargamentos de mercurio líquido.
En el reportaje firmado por Alejandro Saldívar, también figuraba la empresa, Vesia Internacional SA de CV, que también exportaba mercurio a Bolivia y estaba constituida en sociedad entre Zamorano Dávila y Sandra Ceballos Parra, quien, en el reportaje es mencionada como su pareja sentimental.
En aquel reportaje aparece la empresa Barite Pacific Corporation, SA de CV, con operaciones en Colima y Zimapán, Hidalgo, que también exportaba mercurio y era propiedad de Erick Marte Rivera Villanueva, diputado federal del PAN, por el estado de Hidalgo. (Texto publicado en el número 2381 de la edición impresa de Proceso, en circulación desde el 19 de junio de 2022).
Operadores del CJNG en Sudamérica
Por otra parte, el 24 de noviembre de 2024, Joel Zamorano Dávila, también egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro y Eduardo García Patlán, fueron multados en Perú, por la omisión de declarar el traslado de 40 mil dólares en efectivo cada uno, así lo dio a conocer el boletín del Diario Oficial El Peruano, del 29 de noviembre de 2024 (inca_notif.docx).
Por este motivo, la División de Acciones Inmediatas y Masivas de la Intendencia Nacional de Control Aduanero de aquel país, multó a cada uno con casi 46 mil soles, el treinta por ciento de los cuarenta mil dólares que no declararon.
De acuerdo a los datos del pasaporte, divulgados en el boletín del gobierno peruano, Joel Zamorano Dávila y Eduardo García Patlán, tienen su residencia en el estado de Querétaro. El primero en la cabecera municipal de Ezequiel Montes, en tanto que el domicilio de Eduardo es en la colonia Las Américas, de la ciudad de Querétaro.
Mercurio incautado
Meses después, el 24 de julio de 2025, las autoridades peruanas dieron a conocer que en junio habían encontrado cuatro toneladas de mercurio ocultas en bolsas de piedra triturada en un barco en el puerto del Callao, en una carga con destino a Bolivia, de acuerdo a diferentes notas publicadas por medios internacionales.
Ahora, el informe de 2025, “Traficantes no dejan piedra sin levantar”, de la organización no gubernamental estadunidense Agencia de Investigación Ambiental, ha dejado al descubierto cómo el crimen organizado se ha amalgamado con funcionarios panistas.
SIC mx
