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VIOLENCIA POLICÍACA EN PEÑAMILLER

Por: Agustín Escobar Ledesma

Desde hace tres años, los habitantes del municipio de Peñamiller, ubicado en el Semidesierto queretano, han documentado más de sesenta y cinco casos de agresiones en su contra, a manos de los cuerpos policíacos que integran el denominado Operativo Interinstitucional Zona Semidesierto, conformado por elementos de las policías municipales de Cadereyta, Colón, San Joaquín, Peñamiller, Tolimán y de la Policía Estatal de Querétaro, PoEs.

Manuel Aguilar Guerrero.
Foto: Agustín Escobar.

Los vecinos señalan que la violencia policíaca desatada coincide con el inicio del gobierno de Mauricio Kuri González, puesto que, desde entonces, los retenes ilegales del Operativo, se han convertido en un generador de violencia que viola de manera sistemática los derechos humanos de la ciudadanía.

Es generador de violencia porque los policías los despojan de sus automóviles, los asaltan, los extorsionan, los amenazan (a una persona le apuntaron con una metralleta en la cabeza), los someten, los encarcelan, los golpean, los desaparecen e, incluso, algunas personas han perdido la vida a manos de los policías.

José Luis Hurtado. Foto: Agustín Escobar.

El modus operandi de la policía es el siguiente: ubican retenes móviles en zonas en las que no llega la señal telefónica ni de internet, siendo el más frecuente el ubicado en la zona conocida como Las Antenas, para que los automovilistas no puedan pedir auxilio a familiares y vecinos, ahí los detienen, les piden los documentos de los vehículos y los bajan de los mismos, bajo el pretexto de revisarlos.

Además, los policías siempre están encapuchados y no se identifican, por lo que los vecinos no saben quiénes son; ante esta situación, nadie tiene confianza en los presuntos representantes de la ley e, incluso, la gente se ha organizado para avisarse en qué lugar está el retén móvil, para evitarlo.

Flaviano Martínez Aguas. Foto: Agustín Escobar.

A quienes son detenidos y oponen resistencia por la arbitrariedad, son esposados, golpeados y remitidos al juzgado cívico, en donde son multados hasta con cien mil pesos y los vehículos son arrastrados por grúas que los llevan a corralones de Cadereyta y Colón, lo que encarece el irregular servicio.

Y, aunque desde hace varios años han solicitado en la presidencia municipal de Peñamiller, que ubiquen un terreno para un corralón local, el presidente municipal de extracción panista, Juan Carlos Linares, quien es escoltado a cualquier lugar por dos o tres patrullas de la policía municipal, nunca les ha hecho caso.

Juan Alberto Hernández García. Foto: Agustín Escobar.

La ingente situación que sufren los habitantes del municipio de Peñamiller, contrasta con lo que señaló el gobernador Mauricio Kuri González, el 26 de febrero, durante la inauguración de las nuevas instalaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Policía Estatal (PoEs).

En aquella ocasión dijo que para combatir el delito en Querétaro no se aplica la fuerza bruta, sino la inteligencia precisa, también calificó al nuevo espacio como el más moderno complejo de inteligencia, tecnología, video vigilancia y procesamiento de datos del país.

Sin embargo, la realidad para los habitantes de Peñamiller es muy distinta, como el caso de Misael Guillén López quien, al circular en su automóvil en compañía de su esposa y, sin saber por qué, fue detenido.

Aquel día lo esposaron, lo detuvieron y en los separos lo golpearon, fracturándole tres costillas y, debido a que es diabético, tardó siete meses en recuperarse; a su mujer también la esposaron por preguntar el porqué de la detención y la golpearon en el estómago provocándole un derrame transvaginal.

Misael Guillén López. Foto: Agustín Escobar.

Peñamiller es un municipio que vive aterrorizado por los retenes del Operativo Interinstitucional Zona Semidesierto y, aunque los vecinos de aquella demarcación, han interpuesto demandas en contra de las policías en la Fiscalía General de Justicia de Querétaro y en la Fiscalía Anticorrupción de Querétaro, no han obtenido ningún resultado, al igual que las quejas ante la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro.

Abelardo Martínez Ibarra. Foto: Agustín Escobar.

Los vecinos, cansados de sufrir a las policías como un generador de violencia, documentaron e integraron sendos archivos para entregarlos en propia mano a la diputada federal Sonia Rocha, a la diputada local Selene Salazar y al gobernador Mauricio Kuri, sin embargo, han pasado los meses y no han obtenido respuesta.

Habitantes de Peñamiller que han sido víctimas de la violencia policíaca. Foto: Agustín Escobar.

Apenas en febrero pasado, durante la inauguración de las nuevas instalaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Policía Estatal (PoEs), el gobernador Mauricio Kuri González, recalcó que la Policía Estatal, PoEs, es una de las cinco corporaciones mejor pagadas en el país, y se ha impulsado su capacitación internacional con agencias de primer nivel, como la FBI, la DEA, la Policía de Miami, la ATF y la Policía Nacional de Colombia.

La violencia policiaca en Peñamiller no es nueva, el 25 de agosto de 2014, por tomarse una cerveza en la vía pública, Sergio Marcelo Flores Martínez fue detenido y brutalmente torturado por más de una docena de policías encapuchados, en la comunidad de Camargo, municipio de Peñamiller.

Sergio Flores Martínez. Foto: Especial.

Después de pagar una fianza de 15 mil pesos, al día siguiente lo dejaron en libertad, solo para que sus familiares lo llevaran al hospital, en donde, a consecuencia de los golpes que le propinaron los uniformados, Sergio Marcelo falleció el 30 de septiembre en el Sanatorio Alcocer Pozo.

Sergio Marcelo Flores Martínez, quien era casado, tenía 43 años de edad y tres hijos, por lo que sus deudos no solo quedaron en la orfandad, sino endeudados con la funeraria y con el hospital con cerca de 50 mil pesos.

A casi diez años de aquel caso sigue impune, ningún uniformado fue detenido.

Después de pagar una fianza de 15 mil pesos, al día siguiente lo dejaron en libertad, solo para que sus familiares lo llevaran al hospital, en donde, a consecuencia de los golpes que le propinaron los uniformados, Sergio Marcelo falleció el 30 de septiembre en el Sanatorio Alcocer Pozo.

Sergio Marcelo Flores Martínez, quien era casado, tenía 43 años de edad y tres hijos, por lo que sus deudos no solo quedaron en la orfandad, sino endeudados con la funeraria y con el hospital con cerca de 50 mil pesos.

A casi diez años de aquel caso sigue impune, ningún uniformado fue detenido.

SICmx

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