LA POES, IMPLICADA EN MILLONARIO FRAUDE A MIGRANTES.
Por: Agustín Escobar Ledesma.
Bajo la promesa de gestionarles y entregarles visas para la Unión Americana, alrededor de ochenta personas migrantes, fueron estafadas con un estimado de setenta millones de pesos, por una banda delincuencial trasnacional, cuyo centro de operaciones estaba en la clínica “Centro Médico Ana Victoria”, en el centro histórico de Cadereyta de Montes, en el estado de Querétaro.
El fraude fue operado a lo largo de tres años y, de acuerdo a quienes fueron engañados, no desconfiaron de las estafadoras porque en las reuniones en la clínica, siempre contaron con los servicios de vigilancia de dos elementos de la Policía Estatal, más conocida por el acrónimo PoEs, corporación dependiente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Gobierno del Estado de Querétaro, quienes llegaban a bordo de una patrulla, uniformados y con armas largas, para garantizar la seguridad al interior del lugar.
Entre las personas señaladas como presuntas estafadoras figuran Julia Jasso Ramírez, Brenda Lucía Suárez Palacios y Leydi Ivet Martínez Salgado, quienes se identificaban como Agentes Promotoras del Servicio de Ciudadanía e Inmigración, del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.
También figuraba una persona de nombre Albert Beristaint, quien se hacía pasar como cónsul de la Unión Americana en el consulado de Ciudad Juárez, así como Michelle Chávez González y otra persona quien decía llamarse Nery, aunque las dos últimas sólo estuvieron al principio de las reuniones y después no las volvieron a ver.
De acuerdo a los testimonios de algunas de las víctimas, Julia Jasso Ramírez, Brenda Lucía Suárez Palacios y Leydi Ivet Martínez Salgado, por diferentes cantidades de dinero, que iban de los doscientos cincuenta mil pesos a los dos millones, les ofrecieron el trámite y entrega de visas de trabajo, de turista, humanitarias y de residencia.
Incluso, si previamente, algún migrante había sido detenido por la Border Patrol, en una o varias ocasiones, al intentar cruzar como indocumentado a la Unión Americana, le garantizaban eliminar o limpiar su expediente ante las autoridades norteamericanas, para facilitar el trámite de la visa.
Los migrantes señalaron que quien, encabezaba al grupo delictivo era Julia Jasso Ramírez, con domicilio en la comunidad de El Lindero, municipio de Jalpan de Serra, quien portaba un gafete en idioma inglés, en el que aparecía su fotografía, como agente Promotora de Servicios de Ciudadanía e Inmigración, del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.
Otra de ellas, Brenda Lucía Suárez Palacios, quien se hacía pasar como enfermera, con domicilio en Purísima de Arista, municipio de Arroyo Seco, de acuerdo a lo relatado por las víctimas, era quien se encargaba de gestionar el servicio de vigilancia policiaca para el “Centro Médico Ana Victoria”, con “su exjefe de la Policía Estatal”, como ella misma lo presumía ante las personas defraudadas porque, además les decía que había sido integrante de la Policía Estatal, más conocida por el acrónimo PoEs, corporación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Gobierno del Estado de Querétaro.
En el caso de Leydi Ivet Martínez Salgado, quien se presentaba como doctora, figuraba en la plantilla de personal de la clínica “Centro Médico Ana Victoria”, como directiva o copropietaria del lugar.
Sin embargo, al realizar una búsqueda de esta persona en el Registro Nacional de Profesionistas, no se encontró su cédula, por lo que es posible que haya estado ejerciendo como médico sin haberse titulado, lo que podría constituir el delito de usurpación de profesión.
De acuerdo a las personas migrantes estafadas, Julia, Brenda Lucía y Leydi Ivet, fueron las principales personas que operaron el multimillonario fraude al interior de las instalaciones de la clínica, durante tres años, de julio de 2021 a enero de este 2024, cuando algunas de las víctimas acudieron a denunciar el fraude a la Fiscalía General del Estado de Querétaro, Unidad Cadereyta.
Las personas engañadas señalaron que, durante esos tres años, fueron citadas en seis ocasiones en el “Centro Medico Ana Victoria”, dos en la Finca Margaritas, ubicada en la carretera San Martín Florida, de Cadereyta y una en el domicilio particular de Leydi Ivet Martínez Salgado, quien se hacía pasar como doctora.
Los migrantes eran citados en ayunas en la clínica médica para aplicarles vacunas y realizarles análisis de sangre y de orina, estudios que tenían un costo de 22 mil pesos y figuraba entre los requisitos para obtener la visa.
Además, si alguien había salido negativo, porque supuestamente había tomado alcohol, tenido relaciones sexuales, había fumado o consumido drogas, era multado.
En el “Centro Médico Ana Victoria”, siempre bajo la vigilancia de los dos elementos de la Poes, uniformados y con armas largas, les aplicaban vacunas que tenían un costo de 40 mil pesos. Para que los migrantes no tuvieran desconfianza del contenido de las mismas, la doctora también inyectó a sus propios hijos.
Quienes timaron a los migrantes les prohibían que se comunicaran entre sí, tampoco podían tomar videos e imágenes con sus celulares durante las actividades en la clínica, sin embargo, a pesar de las restricciones, hubo quienes, a escondidas, grabaron videos e imágenes de cómo fue operada la estafa.
Una gran parte de las víctimas son del estado de Querétaro, principalmente de los municipios de la Sierra Gorda, siendo la mayoría de ellos de Jalpan de Serra y Pinal de Amoles y de manera descendente también figuran personas migrantes de los municipios de Arroyo Seco, Landa de Matamoros, San Joaquín y Huimilpan, así como algunas otras de Pedro Escobedo, San Juan del Río, El Marqués y Querétaro.
Entre los defraudados también están migrantes provenientes de Hidalgo Guanajuato, Michoacán, Oaxaca y San Luis Potosí, así como personas indocumentadas quienes, a pesar de haber estado trabajando en Estados Unidos, los victimarios los hicieron regresar a México, para que, después de haber pagado cientos de dólares, recibieran la prometida visa de trabajo.
A un migrante indocumentado que trabajaba en Texas, a quien le habían prometido la gestión de una visa, lo hicieron viajar hasta Chicago, distante a más de mil kilómetros, tramo que recorrió en automóvil durante doce horas. En aquella ciudad fue citado en el restaurante “Taquería Casa Grande”, en donde una persona le tomó las huellas dactilares y le dijo que tendría que salir de Estados Unidos, para continuar los trámites en México y después, en noviembre, ingresar a la Unión Americana con la visa que le estaban gestionando.
Los afectados señalan que fueron alrededor de quince personas migrantes quienes depositaron diversas cantidades de dólares desde Estados Unidos para el trámite de sus visas y también fueron engañados para que regresaran a México para continuar acá los trámites migratorios
Supuestamente en el consulado les harían un examen del idioma inglés antes de otorgarles las visas, pero si no lo sabían hablar, por la cantidad de 650 dólares, las promotoras de servicio de inmigración, podían omitirlo.
Aunque la mayoría de migrantes afectados son hombres, en la lista aparecen alrededor de quince mujeres, así como familias completas de cuatro a cinco integrantes, en las que figuraban menores de edad.
Después de tres años de diversos trámites y el pago de miles de pesos, incluso millones, los migrantes se dieron cuenta de la estafa cuando, a finales de 2023, quienes se hacían pasar como Agentes Promotoras del Servicio de Ciudadanía e Inmigración, del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, incumplieron las fechas de salida de los autobuses que los llevarían al consulado de Estados Unidos en Ciudad Juárez.
Supuestamente, los alrededor de ochenta migrantes, saldrían de Cadereyta de Montes a Ciudad Juárez en dos grupos, el primero a mediados de septiembre de 2023 y el otro estaba programado para la segunda semana de noviembre de aquel año.
Sin embargo, las promotoras incumplieron con la fecha de salida, señalando que no se había podido realizar debido a que algunas personas migrantes habían salido mal en los exámenes médicos, porque seguramente habían consumido alguna droga, alcohol o habían mantenido relaciones sexuales.
Después, para calmar los ánimos de los afectados quienes percibían que algo estaba mal, Julia, Brenda Lucía y Leydi Ivet los citaron en la Finca Margarita, lugar en el que se presentó Albert Beristaint, supuesto cónsul de la Unión Americana en el consulado de Ciudad Juárez.
Albert Beristaint explicó que, por estar cerca las fiestas decembrinas, el consulado no estaría trabajando, sin embargo, les dijo que ahora sí, el consulado los recibiría el 16 de diciembre, lo que, por supuesto, no ocurrió.
A partir de aquel momento, las personas migrantes perdieron la comunicación y el contacto con quienes las estafaron y, el 8 de enero de este año, se enteraron que, Julia Jasso Ramírez, quien encabezaba al grupo delictivo, había escapado.
Ante lo que ya era una evidente estafa, el 15 de enero de 2024, un grupo de migrantes acudió a levantar la denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de Querétaro-Unidad Cadereyta, dando inicio a la Carpeta de Investigación CI/CAD/70/2024.
Derivado del señalamiento en contra de las integrantes del grupo delictivo trasnacional, Brenda Lucía Suárez Palacios, quien al parecer se desempeñó como agente de la Policía Estatal, más conocida por el acrónimo PoEs, corporación dependiente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Gobierno del Estado de Querétaro, el 30 de enero se amparó en el Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en el Estado de Querétaro, expediente 38/2024. Por esta razón no puede ser detenida.
Por lo demás, aunque la clínica “Centro Médico Ana Victoria” fue clausurada el 17 de enero de 2024, Leydi Ivet Martínez Salgado quien al parecer formaba parte de la directiva y se hacía pasar por médico, al igual que quien encabezaba al grupo delictivo, Julia Jasso Ramírez, no han sido detenidas y se encuentran prófugas.
Después, también a principios de este año, en una gira de trabajo del gobernador Mauricio Kuri por la Sierra Gorda queretana, algunos migrantes defraudados le expusieron el multimillonario fraude del que fueron víctimas, pidiéndole que los apoyara y ayudara.
Sin embargo, sólo les dijo que La Fiscalía ya estaba investigando y que él no podía hacer más porque la Fiscalía es autónoma, por lo que, el único auxilio con el que cuentan los migrantes estafados es el del apoyo legal de un abogado defensor de oficio.
Por lo demás, una vez más, la Policía Estatal, más conocida por el acrónimo PoEs, corporación dependiente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Gobierno del Estado de Querétaro, está en entredicho, puesto que, ha destacado más por su participación en reprimir a integrantes de movimientos sociales que en defender a la ciudadanía queretana y ahora, en el caso del fraude a los migrantes, estuvo al servicio de la delincuencia organizada trasnacional.
SIC mx
