El fenómeno de la mortalidad en México.
Por: Andrés Peñaloza Méndez
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) genera estadísticas sobre defunciones registradas (EDR), material útil para aproximarse al fenómeno de la mortalidad en el país. La información se basa en los certificados de defunción de las oficialías del Registro Civil y de los servicios médicos forenses, así como de actas de defunción de las primeras y de cuadernos estadísticos de las Agencias del Ministerio Público.
En su más reciente reporte, INEGI deja de reportar las cifras de exceso de mortalidad en atención al Decreto por el que se declaró terminada la acción extraordinaria en materia de salubridad general que tuvo por objeto prevenir, controlar y mitigar la enfermedad causada por el COVID-19. En los dos años previos a la pandemia fallecieron 1 millón 425 mil 658 personas; entre 2020-2021, la cifra ascendió a 2 millones 208 mil 992; es decir, 783 mil 331 defunciones más.
La pertinaz mortandad durante la pandemia reveló dolorosamente las serias carencias en infraestructura hospitalaria, equipamiento y personal de salud, herencia maldita de los gobiernos neoliberales que en su afán privatizador y corruptelas vulneró severamente la salubridad pública. Recuperar y fortalecer el sector salud del país es central para el bienestar de la clase trabajadora y sus familias.
Necesariamente en los siguientes años deberá incrementarse significativamente el presupuesto de salud y vincular al sector con una política de innovación y desarrollo industrial para equiparse y expandir la infraestructura para garantizar los servicios públicos de salud, como derecho humano. Sobra decir, que la participación del personal médico y del conjunto de las personas trabajadoras de la salud es fundamental.
Imprescindible recuperar la ética de servicio y el compromiso con el pueblo mexicano, como demostró el movimiento médico de 1964- 1965, a partir del cual, el Estado tuvo que asumir su responsabilidad plena en los servicios médicos y de seguridad social.
Al primer trimestre de 2023, acusa el descenso de defunciones, se contabilizan 48 mil 961 menos en comparación al mismo trimestre de 2022; delineando una tendencia hacia la situación existente previa la pandemia.
De igual modo ocurre con la tasa de defunciones registradas por cada 100 mil habitantes en comparativo trimestral. Luego de un pronunciado aumento de 150.9 puntos entre 2014 y 2021 se atempera. De la cresta de la pandemia al primer trimestre de 2023, la tasa cae 134.1 puntos Es notorio el impacto de la pandemia en los fallecimientos, de 2020 a 2021, el incremento fue de 133.2 puntos.
Las defunciones registradas por género muestran que los masculinos representaron el 55.47% (114 mil 768), en tanto el 44.48% (92 mil 027) fueron mujeres. En 107 casos no se especificó el sexo.
El registro etario de los decesos revela la concentración en las personas de 65 y más años; el 60.0% (124 mil 141) del total. Justo la edad para solicitar la pensión del bienestar y de organismos como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Una quinta parte de los fallecimientos ocurren en edades entre 55 a 64 años (15%) y de 45 a 54 años (9%); personas en la antesala etaria de recibir alguna pensión. Entre los rangos de edad juveniles (de 15-24 y 25-34 años), resulta alarmante, la tasa de mortandad varonil, tres veces superior a la femenina.
En la siguiente gráfica se aprecian las defunciones etarias y por género, expresadas como tasa por cada 100 mil habitantes:
El acercamiento al comportamiento de la mortalidad en el país es relevante para identificar problemáticas vinculantes causales o derivas de situaciones como la violencia, precariedades en el sector salud y de bienestar social, insalubres condiciones laborales, deterioro ambiental, entre otras.
De acuerdo al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), con datos correspondientes a 2022, las carencias sociales más acentuadas son aquellas relacionadas a la falta de acceso a los servicios de salud y a la seguridad social afectando, respectivamente, al 39.1% y 50.2% de la población.
Los esfuerzos gubernamentales para abatir la corrupción en el sector salud y de seguridad social secuestradas por poderosas mafias políticas, económicas, financieras y de la industria farmacéutica nacional y transnacional, han sido importantes pero insuficientes para revertir el rezago en estas esferas. En el caso de la carencia por acceso a los servicios de salud que afectaba a 20.1 millones de personas en 2018 ahora se le han adicionado 30.3 millones.
En este contexto, cobra especial interés público, los diagnósticos contemplados en el proceso de federalización de los servicios de salud dirigidos a identificar las necesidades de conservación y equipamiento de los centros de salud, unidades médicas y hospitales; abasto de medicamentos, material de curación y personal de salud en cada entidad federativa.
A la fecha se han concluido 24 diagnósticos; sin embargo, lejos se está de propiciar una participación activa, libre y pública; es escasa y deficiente la participación social y del personal de salud, sometidos a dirigencias políticas y sindicales corporativas. Corregir esta situación es apremiante para hacer de los diagnósticos, instrumentos para generar la infraestructura, el personal y los servicios pertinentes acordes al comportamiento demográfico y de mortalidad del país. Acrecentar el presupuesto del sector salud, transparentarlo y optimizarlo, a la par de democratizar la vida sindical y ampliar la participación social en la transformación del sector salud y de seguridad social es central para abatir rezagos y corrupciones, pero, sobre todo, para incluir a los 64.7 y 50.4 millones de personas carentes hoy de seguridad social y de acceso a los servicios de salud, cuyas precarias vidas, terminan poblando mayormente los números de mortandad.
SIC mx
