¿Qué hacer con la informalidad laboral?

Por: Andrés Peñaloza Méndez

De acuerdo a datos reportados en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), durante el primer trimestre de 2023, 58.5 millones de personas se encontraban ocupadas: 2.4 millones de personas más con relación al mismo trimestre de 2022.

Sin embargo, el empleo informal aumento en 1.2 millones de personas respecto al mismo lapso. Una expresión estructural de las dificultades para superar la precariedad laboral es la informalidad, la cual aqueja a 32.2 millones de personas trabajadoras; el 55.1% de la población ocupada. El empleo informal, que integra el trabajo en unidades no formales, las labores no protegidas en la actividad agropecuaria y en el servicio doméstico remunerado; así como, entre las y los trabajadores subordinados carentes de seguridad social, aun cuando laboren en empresas e instituciones formales.

Además del empleo informal tradicional que asciende a 16.5 millones, 28.2 % de la población ocupada y un crecimiento anual de 631 mil personas, otras categorías se añaden. Los 5.5 millones empleados en el sector agropecuario sin protección social; por cierto, único sector donde la informalidad disminuyó en 84 mil 652 personas trabajadoras. En el caso de la informalidad en empresas, entes gubernamentales e instituciones, donde laboran 7.8 millones, esta se incrementó en 519 mil 598 personas. Lo mismo aconteció en el trabajo doméstico remunerado, 2.3 millones personas dedicadas a esta actividad, con un alza de 165 mil 542 personas. Cantidad muy superior a las 57 mil 126 personas trabajadoras del hogar incorporadas durante la presente administración al Instituto Mexicana del Seguro Social (IMSS) y con un salario promedio de $264.40, remuneración del todo insuficiente.

La ocupación informal según sexo muestra que, en los hombres, sumó 18.7 millones en el primer
trimestre de 2022 y 19 millones en el mismo lapso de 2023, un incremento de 322 mil personas. Por
su parte, las mujeres pasaron de 12.3 a 13.2 millones en el mismo lapso.

Empujados por arrebatos coyunturales se quisiera echar a volar con entusiastas soplos problemáticas estructurales pero la realidad del subdesarrollo de la economía mexicana aflora más allá de buenos resultados cíclicos. Son muchas las acciones, programas y políticas públicas que gobiernos municipales, estatales y federal emprenden para apoyar a las unidades económicas insertas en la llamada economía informal, sin embargo, en su mayoría carecen de orientación y articulación con las autoridades tributarias para incentivar la formalización de sus actividades. 7

Sin duda la entrega de créditos blandos, las capacitaciones, el otorgamiento de maquinaria, herramientas, puestos, enseres, entre otras cosas ayudan a atemperar la precariedad laboral de las personas trabajadoras, particularmente las autoempleadas; pero sin el involucramiento efectivo del Sistema de Administración Tributaria (SAT) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público SHCP), se hace complicado reducir el empleo informal.

Para el próximo gobierno, será fundamental llevar a cabo una política industrial y de fomento a las actividades productivas, que incluyan tratamientos especiales y estímulos fiscales, para formalizar y dignificar las ocupaciones conectadas a la informalidad y plantearse seriamente reducir en por lo menos, una tercera parte, el empleo precarizado informal. Desde luego, en lo que falta de la actual administración federal, haciendo cambios de enfoque y operativos, se podría sacar de la informalidad a más de dos millones de personas trabajadoras del hogar, jornaleros agrícolas, empleados públicos supernumerarios y, aquellos sometidos todavía a contratos basura bajo los esquemas de subcontratación subsistentes.

Actividades y esferas donde se ha intervenido positiva pero parcialmente en el sexenio que corre. Alrededor de 900 mil personas trabajadoras han dejado la informalidad de 2018 a la fecha. En consecuencia, se debe de avanzar con la decisión suficiente, apegado a las obligaciones que tienen las autoridades laborales, económicas y hacendarias, de velar por los derechos laborales, el trabajo decente y el bienestar de la clase trabajadora ante abusos y simulaciones de la patronal.

SIC mx