Todo el mundo necesita oro: El predial municipal
Por: Enrique Kato Vidal
En los gobiernos no ocurre lo mismo que en las familias. Los ingresos gubernamentales no dependen del trabajo de los funcionarios públicos, sino del cobro de impuestos y a veces de deuda. Tanto en los presupuestos personales, como en el de las instituciones, los gastos deben financiarse de alguna manera. Típicamente, la manera de financiar el presupuesto familiar es a través de los ingresos laborales. En cada hogar suele haber una o dos personas que trabajan para cubrir los gastos y, no suele ser extraño, encontrar hogares que reciben transferencias o remesas de los que emigraron para hallar alguna actividad remuneradora. Las familias tienen entre sus gastos más importantes la vivienda y la alimentación. Por su parte, los gobiernos gastan la mayor parte de sus presupuestos en las escuelas y los maestros, el sector salud y la seguridad pública.
En muchos países pobres y ricos, cada año los gobiernos deben contratar deuda porque los impuestos cobrados son insuficientes para pagar los servicios públicos, así han transcurrido las décadas sin que haya un acuerdo político para lograr los ingresos públicos necesarios y romper el círculo vicioso: Intereses de la deuda / Escasez de ingresos / Deuda / …, ya que al pedir deuda no se resuelve la falta de dinero y, en cambio, se agrava la situación financiera para las siguientes administraciones dado que, además de bajos ingresos, se debe enfrentar el pago de interés de la deuda.
En México, los municipios y los gobiernos estatales se preocupan principalmente de cómo ejercer el gasto y no necesariamente de cómo obtener ingresos, ya que es la Secretaría de Hacienda nacional la encargada de cobrar la mayor parte de los recursos que reciben y de enviar esas aportaciones y participaciones federales a manos de gobernadores y presidentes municipales. En las últimas dos décadas, 2000-2020, hemos visto dos maneras diferentes de financiamiento a los municipios. Desde el año 2000 hasta 2012, aproximadamente, cerca del 6% de los ingresos municipales provenían del impuesto predial y en esos años creció la contratación de deuda para alcanzar un mayor gasto. En 2010, el año de más deuda, los presidentes municipales del país tuvieron a su disposición 17 mil 200 millones de pesos (mdp) cobrados por predial y una cifra casi igual, 16 mil 800 mdp, obtenida por deuda (empréstitos). Fuente: https://www.inegi.org.mx/programas/finanzas/
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Desde aquel pico de deuda en 2010, se han fortalecido las finanzas de la mayoría de los municipios. Esto se ha logrado alejándose de la deuda, la cual desde 2015 está en los niveles más bajos de los últimos 30 años, cuando comenzaron a recabarse estadísticas oficiales. Además, se han obtenido mayores recursos a través del impuesto predial y de otros impuestos patrimoniales (Traslado de dominio y Adquisición de inmuebles). Admito las complicaciones que lleva hacer generalizaciones, ya que cada municipio es un mundo independiente y coexisten más de dos mil de esos mundos en México. Para fines ilustrativos revisé cuatro casos que ofrecen un panorama de los estados con recaudación promedio o superior al resto del país.
En la frontera con Estados Unidos, el estado de Nuevo León es una región en donde se recauda 20% de ingresos propios, esto es, dos veces el porcentaje promedio nacional. Ahí, a partir de 2015, han aumentado los ingresos municipales. Los ingresos son el resultado de una combinación 60/40, donde el 60% de los ingresos propios se obtiene por el impuesto predial y 40% provienen del traslado del dominio o la adquisición de bienes inmuebles. Muy por encima de Nuevo León, desde 2016 los municipios de Querétaro obtienen por concepto de impuestos al patrimonio el 28% de sus ingresos propios. Esa cifra es un porcentaje distante del 10% que es lo representativo en México. Como ejemplos de este porcentaje, los municipios de Puebla y Jalisco, al menos desde 2010, han recaudado un 10% de sus ingresos totales por concepto de impuestos patrimoniales.
El estado de Querétaro es un caso atípico de elevada recaudación. La estrategia para multiplicar los ingresos propios de 13% a 28% del presupuesto total fue haciendo una actualización profunda del valor del suelo catastral y cambiando las reglas con que se cobra el impuesto sobre el traslado de dominio o, en otras palabras, el dinero que recibe el municipio cada vez que se vende una vivienda o un edificio. De los cuatro casos revisados, sólo en Querétaro se observan más ingresos por traslado de dominio que por impuesto predial. Específicamente, en territorio queretano se han cobrado 2500 millones de peso (mdp) por traslado de dominio y 1900 mdp de predial, cada año entre 2018 y 2020. Por una parte, esta desproporción ha llevado más dinero a la tesorería municipal y ha beneficiado a los viejos propietarios de terrenos y casas, pero, por otra, ha encarecido el costo de vida para las nuevas generaciones, principalmente para los residentes más jóvenes de la zona metropolitana de Querétaro.
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Ciertamente, los gobiernos locales deben hacer esfuerzos de una mayor captación de recursos que permita financiar adecuadamente más servicios públicos y de mayor calidad. Al lograr recursos adicionales, se complementan las transferencias del gobierno federal que son la principal fuente de ingresos. En esta dirección, el diseño de una sólida política fiscal debe basarse en cobrar impuestos de manera equitativa a todos los contribuyentes y sin sesgos perjudiciales hacia un cierto grupo, por ejemplo, el de nuevos propietarios de vivienda. En la medida en que México transite hacia un mayor desarrollo, los ciudadanos irán pagando más impuestos¸ incluyendo mayores montos de predial.
En México se recaudan muy pocos impuestos si lo comparamos con los países industrializados de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD, por sus siglas en inglés). El impuesto predial no es la excepción, el cual aporta cinco veces menos dinero para el presupuesto que el promedio de la OECD (Fuente: https://data.oecd.org/tax/tax-on-property.htm, como porcentaje del PIB). Si bien, se pueden describir como altos o bajos los ingresos, también pueden clasificarse como estables o erráticos. No es la volatilidad, sino la estabilidad lo que mejor describe la evolución de los recursos municipales, ya que el dinero que los municipios reciben de la federación es una fuente estable de recursos, como también lo son los montos anuales que se cobran de predial. Cualquier persona agradecería un alto grado de certidumbre para poder planear sus finanzas familiares. Siendo así, cada año debería repetirse el ejercicio de usar todos los ingresos para cubrir el costo total de los servicios municipales. Bajo este esquema, no debería haber sobresaltos.
Las estadísticas fiscales corroboran que en México casi todos los municipios ejercen a cabalidad el presupuesto anual. En aquellos casos donde no, la causa son las elecciones la explicación. Previo a la batalla política hay funcionarios que separan presupuesto para usarlo durante las campañas electorales buscando falsear abundancia y prosperidad. Como botón de muestra, la elección de 2018. En Jalisco y Querétaro, el presupuesto de los municipios creció 7%. La fórmula que usaron fue quitar presupuesto en un año previo a la época electoral y usar ese guardadito como promoción política. Sin rodeos, el dinero pagado para servicios municipales se llevó hacia a una arena partidista.
Y otra vez, para la elección de 2021 hubo reasignación alevosa del presupuesto. En Nuevo León y Querétaro, para favorecer una promoción partidista se infló 8% el gasto municipal, ese recurso se obtuvo previo a la pandemia, ejerciendo menos recursos en 2019 y usándolos en víspera de las elecciones. En Nuevo León fueron 2200 mil millones de pesos (mdp) reasignados que no se usaron cuando se debía. Ese monto se utilizó a tiempo para incidir en las elecciones, pero tardíamente en el calendario presupuestal. Las mismas circunstancias enmarcaron a Querétaro, en donde los municipios dispusieron de un total de 1200 mdp. Estos casos revelan el uso discrecional y faccioso del presupuesto público y siembran en la población aún más desconfianza en el acto cívico de pagar impuestos.
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