Función Pública inhabilita y multa a la revista Nexos por presentar información falsa.
La Secretaría de la Función Pública determinó que la editorial Nexos, Sociedad, Ciencia y Literatura, S.A. de C.V., violó la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público al presentar información falsa en una adjudicación directa del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en 2018.
El Órgano Interno de Control (OIC) en el IMSS resolvió sancionarla con inhabilitación por 2 años y multa por 999 mil 440 pesos al acreditarse que dolosamente presentó información falsa para obtener el contrato público.
La resolución emerge de una investigación que condujo el OIC en el IMSS, a partir de una denuncia de la Coordinación Técnica de Planeación y Contratos del propio Instituto Mexicano del Seguro Social.
En este proceso administrativo sancionador se acreditó que la empresa entregó documentación con información falsa al obtener la asignación directa de un contrato para la difusión de la campaña institucional de la más alta importancia para la salud pública del país: “Chécate-mídete-muévete”.
La Secretaría de la Función Pública, en estricto apego a la norma, y siguiendo la encomienda de no permitir los actos de corrupción en el Gobierno de México, reprueba las conductas que faltan no solo a la legalidad, sino también a la ética al proporcionar información apócrifa o falaz para obtener un contrato público. Asimismo, trabaja para erradicar los derroches y abusos del pasado: “Nada, ni nadie, por encima de la ley”.
La integridad es una obligación de los servidores públicos, pero también es una responsabilidad del sector empresarial. La Función Pública ofrece incentivos positivos para fomentar la probidad, como el Padrón de Integridad Empresarial, pero también está obligada a sancionar con todo el rigor de la ley las irregularidades que se ejercen en contra del interés público y de todos los mexicanos.
Esta resolución es resultado de una minuciosa investigación apegada a derecho y en la que se salvaguardó en todo momento el derecho de audiencia de la empresa sancionada. La Función Pública actúa con imparcialidad tanto en sus fallos como en sus investigaciones, sin pactos de impunidad ni consignas políticas.
