AGRESIONES AL PUEBLO DE SANTIAGO MEXQUITITLÁN.
Por: Agustín Escobar Ledesma.
Uno de los problemas más acuciantes que tiene Santiago Mexquititlán, Amealco, Qro., es que sus seis barrios, repetidamente, son dejados sin el servicio de agua potable. La última ocasión, ocurrida entre mayo y junio, fue que la Comisión Estatal del Agua (CEA), los dejó sin agua por veinte días. Otra de las afectaciones que viven los habitantes de aquella demarcación es lo que ellos identifican como el robo del agua en pipas.
Ante esta situación, el lunes 22 de junio, integrantes del Consejo Autónomo y Tianguistas de Santiago Mexquititlán, acudieron a las oficinas de la CEA de Amealco, para exigir a las autoridades de la Comisión Estatal del Agua, la regularización del servicio, al mismo tiempo en que solicitaron el plano de rehabilitación del agua para que no se la lleven a otras comunidades, porque, señalaron, el agua es del pueblo originario otomí.
También denunciaron ante la CEA de Amealco, los altos cobros en la contratación del servicio, las elevadas tarifas en los recibos del agua y, manifestaron, que no se les están respetando sus derechos como comunidad indígena al agua, a la consulta pública, a la autonomía, a la autodeterminación y autogobierno en todas sus obras.
También denuncian las obras de urbanización del municipio de Amealco y la gentrificación (desplazamiento de la gente pobre en beneficio de otra de mayor poder adquisitivo), bajo la estrategia de clientelismo político y apoyos en efectivo y especie.
Señalan que quienes se oponen a dichas medidas, son agredidos por grupos de choque, contratados por el Partido Acción Nacional y son apoyados por la policía municipal de Amealco, para violentar a los integrantes del Consejo Autónomo y Tianguistas de Santiago Mexquititlán.
Los habitantes de aquella demarcación exigen el total respeto a sus derechos indígenas, a sus propias formas de organización y autogobierno y expresan que su integridad está en riesgo, pues, consideran, que la violencia está ordenado desde los altos mandos del gobierno panista de Querétaro.
Así mismo, hacen responsable al gobierno del Estado de Querétaro, al gobernador Francisco Domínguez Servién y al alcalde municipal Rosendo Anaya, del conflicto social generado por los proyectos de urbanización y gentrificación y los hacen responsables de la integridad de quienes defienden el territorio y el agua.
